El Tribunal Superior de Medellín condenó a 35 años de prisión a dos soldados profesionales del Ejército, a quienes encontró responsables del asesinato de tres miembros de una familia en el municipio de Dabeiba.
El fallo condenatorio contra los militares Juan Carlos Padierna Puerta y Jhon Jairo Soto Velásquez es el resultado de la apelación de un fiscal de Derechos Humanos y Derecho Internacional Humanitario (DIH), tras una absolución en primer instancia por parte de un juez penal de circuito.
Los hechos ocurrieron el 9 de mayo de 2005 en el sitio conocido como Cruce de Termales, en zona rural de Dabeiba, donde un grupo de 31 militares adscritos a la IV Brigada realizaba operaciones de patrullaje.
Ese día la unidad reportó como muertos en combate con un grupo de al menos 200 guerrilleros de las Farc a Reynel Antonio Escobar Guzmán y a los hermanos Juvenal y Mario de Jesús Guzmán Sepúlveda.
Familiares de los supuestos guerrilleros dados de baja denunciaron el hecho y argumentaron que los tres eran agricultores de la zona.
Según su testimonio, los campesinos fueron sacados de sus viviendas a la fuerza por un grupo de militares y golpeados por los uniformados. Días después se enteraron de la muerte de sus seres queridos en un supuesto combate con las Farc.
La investigación pasó primero a manos de la Justicia Penal Militar, pero la Fiscalía interpuso un recurso de conflicto de competencias y el caso pasó a la justicia ordinaria.
En primera instancia, el juzgado 27 Penal del Circuito de Medellín absolvió el año pasado a los dos soldados por considerar que había duda probatoria. La Fiscalía apeló el fallo.
Al estudiar la apelación, el Tribunal reconoció que la investigación de la Fiscalía logró establecer que no hubo combates ese día y que los labriegos fueron asesinados. Por consiguiente, revocó el primer falló y condenó a los dos militares a 35 años de prisión por homicidio.
Según la Fiscalía, tras realizar las pruebas balísticas a los fusiles del grupo de 31 militares se comprobó que los asesinatos se cometieron con los fusiles de dotación de los dos militares. Estos habían declarado que se encontraban a un kilómetro de la casa de las víctimas.
Otro elemento probatorio fueron las contradicciones de los militares interrogados, quienes declararon que en promedio cada uno hizo 10 disparos, mientras que el informe oficial indicó que usaron 3.000 elementos, entre municiones y granadas.
Para la Fiscalía y los magistrados, también resultó incoherente que un supuesto combate de 31 soldados contra 200 guerrilleros no hubiera resultado herido ni muerto ni un solo militar.
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