El Consejo de Estado aceptó estudiar una demanda radicada contra la Nación por la presunta omisión de funciones en el secuestro y muerte de los 11 diputados del Valle del Cauca el 18 de junio de 2007.
El alto tribunal analizará detalladamente como fue la muerte de los once asambleistas, puesto que aunque esta no se dio a manos del Ejército Nacional, sí se debe investigar si hubo una omisión o falla en el servicio dado a que no se evitó que estos fueran secuestrados.
Para ello, el Consejo de Estado estudiará si la Nación deberá responderle económicamente a las familias de las víctimas.
Cabe recordar que por el secuestro y posterior asesinato de los diputados, el dirigente político del Valle del Cauca, Sigifredo López, estuvo privado de su libertad y posteriormente la Fiscalía estableció que este no incurrió en ningún acto ilegal.
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