La Contraloría General de la República imputó cargos de responsabilidad fiscal a 13 magistrados y exmagistrados del Consejo Superior de la Judicatura, los cuales tendrán que responder por un presunto daño al patrimonio público en cuantía de 3.421 millones de pesos.
Los hechos se resumen en que los magistrados del Consejo Superior de la Judicatura designaron de forma reiterada e irregular por períodos muy breves de tiempo, entre uno y once meses, para desempeñar el cargo de Magistrado Auxiliar a personas con estatus reconocido de pensión, con el lleno de los requisitos y el reconocimiento del derecho en trámite, o con los requisitos de edad y tiempo pendientes de solicitar dicho reconocimiento.
De acuerdo con la Contraloría, lo anterior incidió de forma directa en el reconocimiento, reliquidación y pago de pensiones en exceso de las proporciones correspondientes a los tiempos de servicio y aportes efectivamente cumplidos por los beneficiarios de las mesadas pensionales, en perjuicio de los recursos públicos y de la sostenibilidad y estabilidad del Sistema General de Pensiones.
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