Al conceder una tutela, la Corte Constitucional ordenó a la Fiscalía General de la Nación brindar protección especial a familiares de víctimas de la masacre de La Rochela, cometida en el municipio de Simacota (Santander) en 1989.
De acuerdo con la sentencia, la falta de protección a las familias durante los últimos años ha conducido a "revictimizarlas", dado que han recibido distintas amenazas por parte de presuntos exparamilitares, mientras la justicia investiga los hechos.
Según los tutelantes, durante años han sido objeto de "seguimientos sospechosos", interceptaciones telefónicas ilegales y mensajes de amenaza de parte de las autodenominadas "Águilas Negras - bloque Capital", lo que les ha generado un gran temor, al punto que algunos de ellos han tenido que dejar el país.
A pesar de que en 2007 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ordenó al Estado colombiano reparar a las víctimas y otorgar mecanismos de protección especial, la omisión de esas acciones por parte de organismos estatales ha puesto en peligro la vida de las personas y su integridad física, reflejando "un franco desconocimiento de la CIDH así como del derecho internacional", según el texto de sentencia por la tutela.
La Corte Constitucional también ordenó a los Ministerios del Interior y de Relaciones Exteriores y a la Vicepresidencia de la República, "hacer especial seguimiento al caso", con el objeto de que se cumpla la sentencia emitida por la CIDH.
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