Terminó ayer el limbo jurídico en el que se hallaban ejecutivos de tres empresas extranjeras, cerradas por las autoridades cubanas en 2011 por sospechas de prácticas corruptas.
Los empresarios canadienses Sarkis Yacoubian, presidente ejecutivo de Tri-Star Caribe y Cy Tokmakjian, jefe del Grupo Tokmakjian, se unieron en prisión a los británicos Amado Fakhre y Stephen Purvis, director ejecutivo y jefe de operaciones, respectivamente, de Coral Capital Group Ltda.
Los cuatro hombres, detenidos entre julio de 2011 y abril de 2012, están recluidos en La Condesa, una prisión para extranjeros en las afueras de La Habana, tras meses de interrogatorios en diferentes localidades de la isla, y permanecieron detenidos sin cargos hasta ayer, cuando fueron acusados formalmente.
Dicha situación ha sido comparada por expertos con la que viven más de un centenar de detenidos por las autoridades de Estados Unidos en la prisión de Guantánamo, ubicada también en la isla.
"En este caso, como en Guantánamo, hay una violación a los principios básicos de la ley internacional y las leyes de cada país. El problema es que en Cuba se viola mucho la ley, mientras que la ley de Estados Unidos no ha sido aplicada en Guantánamo", dijo a este diario Ted Henken, experto en Cuba del Baruch College, con sede en Nueva York.
Los cargos contra los ejecutivos incluyen delitos económicos y de funcionamiento fuera de los límites permitidos en sus licencias para hacer negocios en Cuba, según dijeron a Reuters fuentes cercanas a los casos, entre ellas un pariente cercano de uno de los acusados.
El caso hace parte de una campaña anticorrupción emprendida por el Gobierno de los hermanos Raúl y Fidel Castro en medio de una serie de reformas que dieron vida a la apertura gradual tanto de la economía como de los viajes al exterior, así como a un incipiente sistema de propiedad privada.
Dentro del mismo, se ha forzado a otras empresas extranjeras a dejar el país sin detener a sus ejecutivos, aunque algunos empleados de las empresas canadienses y británica mencionadas siguen libres, pero no puede salir de Cuba por su condición de testigos.
A algunos de los acusados extranjeros se les atribuye el pago de sobornos a funcionarios a cambio de oportunidades de negocios. Decenas de compradores estatales cubanos y funcionarios públicos, incluidos exviceministros, fueron detenidos y condenados en una investigación de negocios relacionados con las importaciones a la isla.
Pese a las críticas por la situación legal de los acusados, algo sobre lo que no ha habido un pronunciamiento oficial por parte del régimen, la campaña anticorrupción fue, en general, bien recibida, aunque expertos llaman la atención sobre la verdadera génesis del problema.
"Veo con buenos ojos la campaña anticorrupción en Cuba, el problema es que es el mismo sistema socialista el que genera la energía que da origen a la misma", aseguró Henken, quien añadió que no le sorprendería que se compruebe la implicación de extranjeros en los casos.
Según los cargos presentados, la ley cubana establece que los juicios deben comenzar en un mes, a menos que se presenten retraso o los abogados soliciten aplazamientos.
"Estos delitos asociados a delitos económicos son de mucha complejidad (...) No es un delito de tránsito, tampoco es un homicidio, es un delito de otra naturaleza, por lo que son complicados", aseguró el Fiscal General cubano Darío Delgado.
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