El Defensor del Pueblo, Volmar Pérez, exigió la "liberación inmediata" de cuatro mujeres vinculadas a programas de derechos humanos que fueron secuestradas por presuntos miembros del Eln.
La Defensoría hizo un llamado a los captores de esas cuatro mujeres para que respeten su "derecho a la vida y a la integridad".
Además, les recuerda que el secuestro de civiles "constituye un crimen de guerra que viola gravemente el derecho internacional humanitario".
Aunque el secuestro, atribuido a la guerrilla del Eln, se conoció el martes, según la Defensoría se produjo la semana pasada en una zona rural del municipio de Teorama del departamento de Norte de Santander.
El jueves 8 de julio fue secuestrada María Angélica González, coordinadora de un proyecto de comunidades en riesgo del programa de derechos humanos de la Vicepresidencia, y pocas horas después, en la madrugada del viernes 9 de julio, los presuntos guerrilleros se llevaron a otras tres mujeres.
Estas últimas tres, identificadas como Lisbeth Jaimes, Nora Guerrero y Mónica Duarte, trabajan para la ONG de derechos humanos Fundación Progresar.
En el momento del secuestro, las cuatro realizaban actividades de capacitación en derechos humanos con comunidades vulnerables de Teorama.
