Cumplidos los requisitos para la abdicación voluntaria, se realizarán mañana los actos de asunción al trono del heredero, Felipe de Borbón y Grecia, que reinará como Felipe VI.
Éste enfrentará muy distintas circunstancias de las que sorteó Juan Carlos I cuando asumió la corona, en 1975.
Hace 39 años el entonces rey recibió todas las potestades, poderes y prerrogativas vigentes del régimen dictatorial de Francisco Franco. Juan Carlos hizo uso de ellas para nombrar al jefe de Gobierno que dirigió la transición hacia el régimen democrático, Adolfo Suárez, pero luego cedió sus poderes ejecutivos.
Felipe VI, al amparo de la Constitución de 1978, ostentará el poder simbólico de personificar la unidad de España, llevar la representación internacional del país, y arbitrar y moderar el funcionamiento de las instituciones del Estado.
Es decir, facultades genéricas que, ante el vacío de contenido específico deberá llenarlas con habilidad política para entenderse con los poderes regionales de las Comunidades Autónomas de un Estado muy fragmentado y con permanentes amenazas de ruptura, principalmente enCataluña y el País Vasco.
En otras palabras, el nuevo monarca deberá ganarse, como lo hizo su padre, la legitimidad de ejercicio en el día a día de su reinado. Ya la legitimidad no le viene de origen divino, como a sus antepasados, y la legitimidad por derecho de sangre la tiene cada vez más cuestionada, sobre todo por los jóvenes con un criterio muy formado sobre igualdad de derechos y obligaciones.
En una encuesta de enero pasado del diario El Mundo, hecha por la firma Sigma-Dos, la mayoría de españoles desaprobaron la monarquía y el desempeño de Juan Carlos I (62 % de rechazo), pero en cambio había alta confianza en que el príncipe Felipe pudiera recuperar el prestigio perdido (66,4 % de opinión favorable). Esta opinión crítica fue uno de los grandes motivos para la abdicación de Juan Carlos, y revertirla es una de las grandes tareas de Felipe.
Tanto el gobierno de Mariano Rajoy como la Policía temen que mañana haya protestas de grupos cada vez más numerosos que exigen referendo para decidir la forma del Estado. Eso puede explicar también el bajo perfil que se le dará al acto de coronación: ni invitados extranjeros, ni presidentes ni reyes ni, incluso, ceremonia religiosa.
Ese sentido de la austeridad, así sea provisional, puede aplacar también momentáneamente el inconformismo de un país que tiene la tasa de desempleo más alta de Europa, triste récord que ostenta desde hace años. Y donde mucha gente para vivir depende de la ayuda familiar.
El nuevo rey de España conoce bien el mundo. Particularmente a Latinoamérica, adonde venía cada que había una posesión presidencial. Aquí estaba en Bogotá, en el Capitolio Nacional, cuando en 2002 las Farc atacaron con cohetes la Casa de Nariño y sus alrededores en la posesión de Álvaro Uribe. Sabe, pues, de nuestras duras realidades.
No es tan simple despachar el tema de las monarquías limitándose a decir que no sirven para nada. Cada país tiene sus tradiciones y necesidades. De hecho, Estados republicanos -y no hay que mirar muy lejos-, por la vía de las urnas también han perpetuado dinastías durante varias décadas.
LA MONARQUÍA NO ES EL SISTEMA POLÍTICO PERFECTO, PERO SÍ EL MEJOR POSIBLE
Por RAMÓN PÉREZ-MAURA
Adjunto al Director del diario ABC, de España (donde fue publicado el artículo completo).
La Monarquía representa la pluralidad de identidad y la constante renovación dentro de la continuidad. La democracia exige el cambio cíclico de gobernantes. Ningún partido puede estar permanentemente en el poder y la alternancia es un componente básico del sistema. Pero en ese mismo sistema, el monarca puede y debe representar los valores de un país en el que ostenta la jefatura del Estado.
El príncipe heredero, igual que su padre el rey, no puede ser utilizado por políticos, ya que debe su condición a la naturaleza; está designado desde que nace y la nación lo conoce como tal anulando luchas por el poder en la cúpula. La herencia es la única forma de designación de jefe de Estado que no es manipulable, lo que inviste al rey de independencia, la condición más importante en su función.
En un sistema constitucional como el español, la potestad de la que dispone un rey está muy limitada. Un mal rey tendría pocas posibilidades de hacer daño a la nación precisamente porque sus poderes están muy circunscritos. En cambio un mal presidente de la república está constantemente actuando para conseguir dar continuidad a su labor; con frecuencia intenta desbordar sus competencias para justificar su presencia al frente del Estado y genera crisis.