Estados Unidos solicitará la pena de muerte para el supuesto cerebro de los atentados del 11-S, Jalid Sheij Mohamed, y otros cuatro sospechosos de los ataques, a los que trasladará de Guantánamo a Nueva York para juzgarlos en tribunales federales.
Mohamed y los otros cuatro detenidos -Walid bin-Atash, Ramzi Bin al-Shibh, Ali Abdul Aziz Ali y Mustafa al-Hawsawi- están acusados de orquestar los atentados de 2001 contra Washington y Nueva York en los que murieron unas 3.000 personas.
"Daré instrucciones a los fiscales para que soliciten la pena de muerte contra cada uno de los supuestos conspiradores del 11-S", afirmó este viernes en una rueda de prensa el secretario de Justicia estadounidense, Eric Holder.
El titular de Justicia adelantó, además, que otros cinco sospechosos de terrorismo, detenidos también en Guantánamo, serán juzgados por comisiones militares.
Ese segundo grupo incluye a Abd al-Rahim al-Nashiri, presunto responsable del ataque de 2000 contra el destructor estadounidense Cole en Yemen en el que murieron 17 soldados estadounidenses y otros 47 resultaron heridos.
Los sospechosos que se trasladarán a Nueva York serán juzgados cerca del lugar en el que en su día se erguían las Torres Gemelas destruidas durante los atentados de 2001.
"Tras ocho años de retrasos, los supuestos responsables de los atentados del 11 de septiembre de 2001 harán finalmente frente a la justicia", señaló Holder.
"Serán trasladados a Nueva York para responder por sus supuestos crímenes en un tribunal situado a sólo unos bloques de donde en su momento estuvieron las Torres Gemelas", subrayó.
Críticos argumentan un "riesgo"
El Gobierno estadounidense ya trasladó a un detenido en Guantánamo, Ahmed Ghailani, a Nueva York para ser juzgado, aunque no solicitará la pena de muerte en ese caso.
La Casa Blanca ha defendido los juicios en tribunales federales, al señalar que muchos terroristas han sigo juzgados, condenados y encarcelados con éxito en E.U., incluido el responsable del atentado contra las Torres Gemelas de 1993, Ramzi Yousef.
Se trata, con todo, de una decisión controvertida que fue criticada este viernes por senadores republicanos como Jon Kyl, quien señaló en un comunicado que plantea "un riesgo innecesario" y defendió los tribunales militares para este tipo de casos.
Holder explicó que la decisión de que unos detenidos vayan a tribunales militares y otros a tribunales civiles federales responde a una serie de factores como la naturaleza de la ofensa, el lugar en el que esa ofensa tuvo lugar, la identidad de las víctimas y la forma en la que se investigó el caso.
"Nuestros esfuerzos legales para llevar a los terroristas ante la justicia involucran tanto a los tribunales federales como a las comisiones militares reformadas", apuntó Holder.
El Congreso reformó recientemente las citadas comisiones y les prohibió que utilicen declaraciones obtenidas bajo tortura.
