El Congreso de Perú aprobó este miércoles la suspensión durante 90 días de una polémica ley que generó una serie de protestas indígenas en la Amazonía que el fin de semana pasado causaron por lo menos 33 muertos.
La iniciativa, que suspende el decreto 1090, conocido como "ley de la selva", obtuvo 57 votos a favor, 47 en contra y una abstención.
El oficialismo contó con el respaldo de la alianza conservadora Unidad Nacional, la fujimorista Alianza por el Futuro y la independiente Alianza Nacional, mientras que el Partido Nacionalista Peruano votó en contra y protestó en el pleno exigiendo la derogatoria de la ley.
El decreto 1090 busca regular y supervisar el manejo y aprovechamiento sostenible de los recursos forestales, incluyendo concesiones de ecoturismo y de conservación, a través de una autoridad dependiente del Ministerio de Agricultura.
Su creación responde al pedido de Estados Unidos de que Perú tenga una entidad para investigar las infracciones en el manejo del sistema forestal y garantizar que la madera que se comercialice no tenga origen ilícito, condición impuesta por ese país para la aprobación del Tratado de Libre Comercio (TLC) promulgado por ambos Gobiernos el año pasado.
Sin embargo, los pueblos amazónicos y organismos no gubernamentales que los apoyan reclaman la derogatoria de esa norma porque las comunidades indígenas no fueron consultadas para su aprobación, conforme a lo que dispone la legislación de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
