Un relevo de funcionarios del gabinete municipal de Medellín, a finales del año pasado, podría haber pasado como una noticia burocrática más, si no hubiera despertado el recuerdo de un mal sabor que ya se había sentido desde el inicio de la administración de Aníbal Gaviria en lo que se refería al nombramiento del Secretario de Infraestructura, José Diego Gallo.
Cuando en enero de 2012 se supo que el escogido por el nuevo alcalde para manejar las obras y la infraestructura de Medellín (y por lo tanto iba a tener en sus manos uno de los mayores presupuestos de la Alcaldía) era el exalcalde de Envigado, algunos intentaron explicarlo bajo la óptica de los inevitables acuerdos políticos preelectorales. Otros, más conocedores de la política envigadeña, no ocultaron su desazón, pero prefirieron callar.
Ahora están saliendo a flote informaciones que cada vez adquieren peor cariz. La ciudadanía las recibe con estupor, como no podría ser menos, y el alcalde Aníbal Gaviria confirma que al perder la confianza en su secretario le exigió la renuncia inmediata.
Cuando el exalcalde Alonso Salazar reveló esta semana las posibles irregularidades que ahora se van conociendo, de inmediato se dispararon las alarmas. Salazar plantea preguntas cuyas respuestas deberán resolver los organismos de control y la administración de justicia: “¿si en cuatro lotes se iban a tumbar 8.000 millones, cuánto se habrían tumbado con siete predios?”.
Predios de propietarios -según la propia alcaldía- con antecedentes poco claros. Esos eran los que el exsecretario Gallo, sin que estuviesen en ningún plan de prioridad pública, presionaba por comprar. Y lo de la presión por comprar no es un juicio nuestro: es el testimonio de los más altos funcionarios de la Alcaldía.
En su plan de compras, el exsecretario Gallo logró que otras entidades del municipio no hicieran mayores preguntas, que consideraran normales los afanes del funcionario por comprar, y que no miraran con mucho detenimiento los avalúos, que la propia Alcaldía consideró posteriormente exorbitantes.
Tres lotes no se llegaron a comprar (uno en el sector de San Lucas, en El Poblado, y dos en Belén Altavista) pero otros sí se negociaron y se hicieron unos pagos: 1.723 millones de pesos, según el dato suministrado ayer por el propio gobernante.
El alcalde Gaviria ha sido enfático en señalar que él tomó cartas en el asunto tan pronto tuvo informes internos que evidenciaban poca claridad en estas compras. Dice que nadie puede darle lecciones de transparencia, y que no toleró en ningún momento actos de corrupción.
Mientras tanto, el exsecretario aludido calla. Han sido intensos los esfuerzos de los periodistas de este diario en obtener su versión de lo sucedido, pero no responde. No da la cara. No podemos decir, por el momento, que quien calla otorga, pero flaco favor se presta a sí mismo y a la administración de la que, sea por lo que sea, hizo parte.
Pero si para la prensa está ilocalizable, no podrá estarlo para los organismos de control (Personería, Procuraduría y Contraloría), ni para la Fiscalía, que deberá investigar (ante denuncia presentada el pasado jueves por la Alcaldía) si hubo un interés ilícito en la celebración de contratos y quién más había detrás.
Hay duras lecciones que la administración municipal deberá asumir. Responsabilidades por depurar. Y un mensaje muy claro: así como la ciudadanía de Medellín no transige con la inseguridad y su falta de control, tampoco tolerará ni este ni ningún otro asomo de corrupción.
La alcaldía actuó con transparencia y contundencia
Por Aníbal Gaviria Correa
Alcalde de Medellín
Ante los hechos que se han presentado con el exsecretario de Infraestructura, José Diego Gallo, tenemos la absoluta tranquilidad de haber actuado con total transparencia y contundencia. Me sorprendo con algunas interpretaciones y comentarios que se han vertido, seguramente derivados del ambiente político que actualmente agita a la ciudad y al país. Porque este es un caso clarísimo en el cual nosotros fuimos los que investigamos, los que encontramos, los que decidimos y actuamos contra cualquier brote de corrupción en el proceso de adquisición de predios. Aquí ningún exalcalde, ni concejal, ni periodista fue el que nos dijo qué estaba pasando. Fuimos nosotros y actuamos: entregamos la documentación, tan pronto la tuvimos en nuestras manos, a los organismos de control, y a la Fiscalía, para que todos investiguen.
Siento temor de que haya tergiversación y desinformación. Pero de nuestra parte lo que hay es una confirmación ante los ciudadanos del valor y el compromiso con la transparencia. No hay organismos que puedan garantizar que no haya riesgo de corrupción. Lo que sí se puede garantizar es que se ataca, que se previene. Si la evaluación es justa, lo que debe sobresalir es el reconocimiento a nuestra administración por su transparencia.
