Cambiar el curso de un río para generar energía y con ella progreso económico y social fue un desafío que significó alterar temporalmente el paso de un caudal de entre 800 y 1.000 metros cúbicos por segundo, en un profundo cañón natural entre Briceño e Ituango, al norte de Antioquia.
Y es un hito porque sobre el lecho de ese río se levantará una presa de 225 metros de altura que contendrá el embalse más grande del país. Y no es exageración antioqueña. Allí estarán contenidos 2.720 millones de metros cúbicos de agua. Unas 3.800 hectáreas de tierra quedarán cubiertas de agua.
Tal volumen hídrico da la dimensión de esta central que estará entre las cinco más grandes del continente. A partir del año 2018 generará 2.400 megavatios de energía, en 8 turbinas, el 17 por ciento de la demanda nacional del sistema interconectado. Y además impactará positivamente la vida de una vasta región antioqueña y generará regalías para 162 municipios de varios departamentos.
La desviación del río, cumplida con éxito, a través de cuatro túneles en los cuales se trabajó durante dos años, y tras el cumplimiento de todas las normas de impacto ambiental, permite avanzar en las obras principales del proyecto hidroeléctrico, propiedad de Empresas Públicas de Medellín (EPM), que invertirá en su ejecución 5.500 millones de dólares.
Hidroituango es un sueño concebido hace muchos años por el ingeniero José Tejada Sáenz. Además del reto que para la ingeniería representa su construcción, la cual está a cargo del consorcio CCC Ituango conformado por Camargo Correa, de Brasil, y Coninsa Ramón H. y Conconcreto, de Colombia, su verdadero valor está concebido en términos estratégicos de suficiencia energética para mayor competitividad nacional.
El proyecto genera cerca 6.000 empleos calificados y no calificados y está induciendo cambios fundamentales en la calidad de vida de los habitantes del área de influencia.
Se han mejorado los servicios de saneamiento básico, pero fundamentalmente se ha hecho un gran aporte en materia de infraestructura vial, pues se han intervenido 165 kilómetros de vías. Ir de Medellín a Ituango era un tortuoso viaje de hasta ocho horas. Hoy se va en tres horas por una carretera de muy buenas especificaciones, que pronto estará pavimentada en su totalidad.
Y está en plena ejecución el Plan Integral, elaborado por la Gobernación de Antioquia, Hidroituango y las alcaldías de los 12 municipios que serán beneficiados con una inversión social de 180 mil millones de pesos en proyectos priorizados por las propias comunidades.
Sin embargo, hay reclamos de personas que se consideran excluidas del censo elaborado por EPM pese a que la entidad cumplió con las disposiciones establecidas por la ley para el manejo de territorios donde se desarrollan proyectos hidroeléctricos de envergadura.
Una zona históricamente marginada y asediada por actores armados ilegales y que forma parte de un área donde se concentra la mayor extensión de cultivos de coca en territorio antioqueño, podrá tener su redención con este proyecto.
Desde ese cañón del Cauca se generará no sólo energía limpia para el futuro del país, sino también progreso social para la región.
NO SE HA HECHO LA COMPENSACIÓN A LOS IMPACTOS SOCIO-AMBIENTALES
Por ISABEL ZULETA
Uno de los líderes del movimiento Ríos Vivos.
No hay una reparación, cuando antes de empezar el proyecto todo debe estar en orden y las comunidades deben estar satisfechas para dar su aprobación o licencia social a la construcción del megaproyecto.
El proyecto sigue avanzando y se procede a desviar el río sin consultar con la comunidad que no ha sido compensada. Los procesos de reparación social no han avanzado y el diálogo no ha sido posible.
Hoy EPM ha cerrado el diálogo social con Ríos Vivos que es el único movimiento de afectados que hay en toda la zona de Hidroituango.
El mensaje con respecto al Plan Integral es muy claro y es que lo que se quiere es desviar la atención de las discusiones sobre los impactos socioambientales.
Perfecto el Plan Integral si fuera para la compensación de los impactos, pero es que las 12 mesas y el proceso de presupuesto participativo es sólo para hablar de temas de desarrollo, pero no se incluye nada de impactos socioambientales. Eso es cerrar completamente la puerta para la discusión sobre estos impactos y afectaciones.
Si esas obras se estuvieran discutiendo en la lógica de la compensación que exigen las comunidades por los impactos socioambientales estaríamos de acuerdo, pero no desviar la atención con proyectos de desarrollo que si bien son absolutamente necesarios, primero hay que darles prioridad a los impactos que genera una megaobra.
