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HISTÓRICO
El Incoder definirá títulos de tierras
  • Gustavo Gallo, Belén de BajiráEn la iglesia de Belén de Bajirá se reunieron las comunidades y los empresarios de la palma, con el Incoder, la Fiscalía y la Defensoría, para hacer claridad del proceso de deslinde que comenzó a hacerse en la zona.
    Gustavo Gallo, Belén de Bajirá
    En la iglesia de Belén de Bajirá se reunieron las comunidades y los empresarios de la palma, con el Incoder, la Fiscalía y la Defensoría, para hacer claridad del proceso de deslinde que comenzó a hacerse en la zona.

  • Las partes defienden lo que a su juicio, son derechos ganados.
  • Comunidad y empresarios de la palma se reunieron con el organismo.
Por
Gustavo Gallo Machado
Enviado especial, Belén de Bajirá

En tres meses, el Instituto Colombiano de Desarrollo Rural (Incoder) deberá entregar el informe de deslinde de 211 predios ubicados en las cuencas de Curvaradó y Jiguamiandó, Chocó, que reclaman algunas comunidades afrodescendientes y que en la actualidad están sembradas con palma africana.

Para informar cómo se hará el proceso, en el corregimiento Belén de Bajirá, de Mutatá, se reunieron con el subdirector del Incoder, Luis Orozco, las comunidades de Curvaradó y Jiguamiandó, los empresarios de la palma, varias Ong, así como la Defensoría del Pueblo y la Fiscalía.

Según el funcionario, cuatro topógrafos y un abogado recorrerán los 211 predios (106 en Curvaradó y 105 en Jiguamiandó), que suman 7.892 hectáreas, determinará cuáles son los linderos reales de la zona.

El tema en discusión es bastante sensible ya que de por medio hay pronunciamientos de la Defensoría del Pueblo, que en 2005 dijo que los empresarios se apropiaron de estas tierras de manera ilegal, por estar dentro de títulos colectivos de comunidades negras, que no pueden venderse. De igual forma, hay una demanda ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para restituir los terrenos a los afrodescendientes.

Las comunidades acusan a los empresarios de apropiarse de las tierras cuando fueron desplazados en 1997 por la guerrilla y las autodefensas, mientras que ellos dicen que las negociaron con propietarios individuales y colonos. El Incoder tiene la última palabra.


Los protagonistas del caso defienden sus posiciones
La Defensoría del Pueblo hace un acompañamiento en todo este proceso

Gloria Elsa Ramírez, defensora delegada para los derechos colectivos y del medio ambiente de la Defensoría del Pueblo, aseguró que en junio de 2005 se expidió la resolución número 39 sobre la vulneración de derechos humanos por la siembra de palma africana en territorios colectivos. ?Desde antes hemos venido haciendo la investigación y haciendo un trabajo de acompañamiento, tendiente a lograr la restitución material de estos predios y por supuesto, el retorno de las comunidades que se encuentran desplazadas. Este proceso que comienza es muy importante porque permitirá determinar qué es lo que está invadido?, dijo.

Será una tarea técnica, basada en conceptos profesionales, dice el Incoder
Luis Orozco, subdirector del Incoder, declaró que el trabajo de campo que hará la comisión será fundamental para resolver la titularidad de las tierras. Dijo que la labor será imparcial, basada en conceptos técnicos y jurídicos, por lo que se trabajará con responsabilidad. Recordó que en un informe anterior, el Incoder estableció que el Estado está en la obligación de hacer respetar el derecho a la propiedad privada de los dueños de los predios respaldados por los títulos.
Ese informe, de 2005, dijo que un total de 131 de los 732 títulos que las comunidades afrocolombianas asentadas en Curvaradó y Jiguamiandó (Chocó) reclaman como propiedad colectiva, son propiedad privada.
?Esperamos contar con el apoyo de las comunidades, de los empresarios, de todos los implicados, para hacer este trabajo serio y profesional?, insistió el funcionario. A más tardar, en tres meses el organismo entregará el informe final del deslinde de las tierras.

Debe haber claridad en cuanto a los representantes de las comunidades
Manuel Moya, representante legal del Consejo Comunitario de Curvaradó, explicó que hay serias inconsistencias en cuanto a los reales representantes de las comunidades. A juicio del campesino, esta situación perjudica a todas las comunidades ya que, denunció, están llegando personas ajenas a los reales propietarios de la tierra, con la pretensión de quedarse con ella.
?Los cultivos de palma africana nos están dando estabilidad y si dejamos que se vaya pues no tendríamos la estabilidad económica que hoy tenemos. Las alianzas estratégicas que se están haciendo con los empresarios son las adecuadas?, reiteró Manuel Moya.

Los empresarios piden que se conozca la verdad para que no los estigmaticen
Jaime Sierra, presidente de la Asociación de Palmeros, dijo que los empresarios siempre han sido estigmatizados por las Ong y por entes internacionales, tildándolos de usurpadores de la tierra, de paramilitares.
?Queremos la verdad y la verdad es con las comunidades que están desplazadas. Nuestras hojas de vida están abiertas para aclarar todo. Si hay asesinatos, y situaciones ilegales que se denuncien, pero que paren los señalamientos injustos?. Dijo que las 12 empresas asentadas en la zona generan cerca de 1.500 empleos directos y la han revitalizado. 
?Las declaraciones del ministro de Agricultura, cuando dijo que los niños de Chocó se están muriendo por cuenta de los empresarios de la palma, duelen porque a nosotros nos preocupan las comunidades. Somos empresarios porque creemos en el país. Aquí estamos generando proyectos de vida?. El representante de los palmeros reiteró que confían en el apoyo del Estado para hacer claridad en esta situación.

Las Ong defienden el acompañamiento que hacen a las comunidades de la zona
Las comunidades de Jiguamiandó y Curvaradó, así como las de Belén de Bajirá, reciben el acompañamiento de varias Organizaciones no gubernamentales (Ong), como Justicia y Paz, el Cinep, Oxfam, entre muchas otras.
Según voceros de algunas de ellas, desde 1997, cuando se dio el desplazamiento fuerte hacia Pavarandó, los han acompañado. ?Ahora lo que buscamos es apoyarlos en el retorno de las comunidades y que se respeten los títulos colectivos de las comunidades negras, conforme a la ley 70. Nuestra labor es de acompañamiento y asesoría?, apuntó.

Las tierras se vendieron bajo la presión de los grupos armados ilegales
José Ángel Palomeque, presidente de la Asociación de Consejos Comunitarios del Bajo Atrato, sostuvo que hoy los palmeros tienen en su poder 8.000 hectáreas que a su juicio, son de los campesinos y de las comunidades negras. Sostuvo que entre 1997 y 1998 muchas personas tuvieron que vender las tierras obligatoriamente debido a las presiones de los grupos armados y de eso, declaró, se aprovecharon algunos empresarios de la palma. Aseguró que en caso de que el Incoder falle a favor de los campesinos, hay que pensar en acuerdos con los empresarios, teniendo en cuenta que primero los deben indemnizar y hacer la respectiva reparación.