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HISTÓRICO
El mundo apoya los diálogos con Farc, el país se divide
Por JUAN CARLOS MONROY, JORGE IVÁN POSADA | Publicado el 28 de agosto de 2012
Al tren de la paz en Colombia ya se montaron desde organismos internacionales como la ONU, la OEA y la Unión Europea, hasta el gobierno de Estados Unidos. A esta oleada de respaldo a los acercamientos entre el Gobierno y las Farc se sumaron los gremios económicos y las organizaciones sociales del país.

Los pronunciamientos son unánimes en reiterar la necesidad de una salida negociada al conflicto que ha desangrado al país por casi 50 años. Con la ilusión también crece la expectativa por conocer los detalles de la agenda que se abordará a partir de octubre en Oslo (Noruega) y que continuarán luego en Cuba, según se conoció de manera extraoficial.

Sin embargo, analistas del conflicto y representantes de los gremios económicos advirtieron que, si bien hay un apoyo generalizado a un eventual diálogo exploratorio, hay temas negociables y otros en los que el Gobierno no puede ceder ante posibles exigencias de la guerrilla.

Con base en la experiencia fallida de los diálogos de El Caguán, el excomisionado de Paz de ese entonces, Víctor G. Ricardo, sostuvo que el presidente Juan Manuel Santos debe tener unos inamovibles al sentarse frente a frente con las Farc.

“El modelo económico, el ordenamiento jurídico y la concepción del Estado o temas como la propiedad privada no se pueden negociar porque eso le corresponde a las instituciones democráticas”, insistió Ricardo.

En cambio, consideró como “negociables” la ampliación de los mecanismos de participación, la lucha contra la impunidad y la corrupción, la violación a los derechos humanos y los procedimientos para el sometimiento a la justicia de los guerrilleros.

Como lecciones que no se pueden repetir, según el excomisionado, es que el país no se debe someter a otro despeje de territorio y al manejo desordenado del proceso con los medios de comunicación.

Surgen críticas
Por su parte, Alfredo Rangel, director del centro Seguridad y Democracia de la Universidad Sergio Arboleda, criticó el anunció del presidente Santos al señalar que el Gobierno hizo una “concesión gratuita” a las Farc al no exigirle un cese al fuego. “Eso podría conducir a un escalamiento del terrorismo como en anteriores oportunidades”.

En cuanto a la agenda de temas, Rangel indicó que los negociadores del Gobierno deben limitarse a acordar la desmovilización, el desarme y la reinserción de la guerrilla con mecanismos suficientes de verdad, justicia y reparación. “Las Farc no tienen legitimidad para decidir reformas económicas, sociales o económicas en igualdad de condiciones al Gobierno”, precisó.

Sobre un asunto sensible como el sometimiento y la extradición de jefes guerrilleros solicitados por narcotráfico, tanto Rangel y personas cercanas a la desmovilización de las Auc indicaron que debería aplicarse la Ley de Justicia y Paz como se hizo con las autodefensas, que establece penas reducidas si cumplen con los compromisos y otro beneficio como la suspensión de la extradición.

Otra voz que se suma al debate es la de León Valencia, director de la Corporación Nuevo Arco Iris, quien compartió los conceptos de que hay temas negociables y otros en que no puede ceder el Gobierno, en su afán de pasar a la historia como el “Presidente de la paz”, como lo dijo Juan Manuel Santos en su discurso de posesión.

“La agenda de negociación entre el Gobierno y las Farc ya está muy acotada. Corresponde plenamente a la correlación de fuerzas de hoy. En El Caguán, después de tener una victoria militar muy grande en el sur del país, el primer punto de su agenda de negociación era el poder con un gobierno de alta participación”, recuerda Valencia.

En cambio, “ahora la agenda la guerrilla responde a las reformas que planteaba ‘Alfonso Cano’, que es la misma agenda en la que está metido el presidente Juan Manuel Santos de la restitución de tierras, de la participación política y cosas que se pueden realizar”.

Según Valencia, “lo que es imposible es que no se discuta la agenda política y económica en las regiones donde las Farc hacen presencia”.

El costo de la guerra
La entendible falta de claridad sobre lo que se está negociando, tiene en incertidumbre a los gremios económicos también, por los temas y reformas que puedan abordarse en una mesa de concertación.

Para Guillermo Botero Nieto, presidente de la Federación Nacional de Comerciantes (Fenalco), la solución del conflicto armado es una necesidad del país desde todos los frentes. Sin embargo, insistió que entre los temas que no se pueden negociar con las Farc está el reconocimiento de la propiedad privada. “Por ejemplo, los tenedores legítimos de tierras no pueden ser vulnerados por improvisadas reformas de la propiedad rural. Para estas situaciones se hizo la Ley de Víctimas y de Restitución de tierras”, explicó Botero Nieto.

Para Fenalco, también sería contraproducente para la confianza que requiere un proceso de paz si “van a continuar la destrucción de la infraestructura productiva del país, que pagamos los colombianos con impuestos cuando atentan contra un oleoducto, una torre de energía, como tanto ha ocurrido este año”.

Otro tema que toca los intereses de la clase empresarial es el dinero que, vía impuesto al patrimonio, le ha puesto a la guerra. De acuerdo con el presidente de Fenalco, desde que se creó el impuesto al patrimonio el sector empresarial ha aportado cerca de 8 billones de pesos para la modernización de las Fuerzas Militares. “Fue un aporte que el gremio aceptó hacer con gusto y se vieron los resultados (contra la guerrilla)”. Pero para los empresario ya no es recomendable que se prolongue en el tiempo este tributo, “porque se vuelve regresivo cuando la gente evita sobrepasar el patrimonio de mil millones de pesos y tiene que declararlo. Eso desincentiva el concepto de ahorro y crecimiento económico”, dijo Botero Nieto.

Al final, “el efecto es negativo porque sin la expansión de las empresas no hay mayor pago de impuestos basado en las ganancias y eso también repercute en la generación de empleo”, explicó.

De otro lado, Rafael Mejía López, presidente de la Sociedad de Agricultores de Colombia (SAC) y vicepresidente del Consejo Gremial Nacional, vio con buenos ojos un proceso de paz. “Pero esperamos que el pasado no vuelva repercutir en lo que se va a negociar. Creemos que las Fuerzas Armadas deben de continuar a la ofensiva. No se ha mencionado explícitamente si se ha dado un cese al fuego, si van a cesar los ataques a la población civil, a la infraestructura”. El costo del conflicto armado interno durante casi 50 años, además de cientos de miles de vidas humanas, también tiene el elevado costo que priva al país de mayor inversión social y de progreso.

Para el próximo año se destinarán 21,5 billones de pesos para el sector Defensa, la mitad de lo que el país invertirá en los próximos años en infraestructura y en la entrega de 273 kilómetros de dobles calzadas.