Las millonarias inversiones de empresas colombianas en Panamá, las relaciones diplomáticas con el vecino país y el futuro del intercambio comercial con Centroamérica dependen de las decisiones que tome este martes el Consejo de Ministros panameño frente a la decisión de Colombia de declarar el istmo como paraíso fiscal hace una semana.
Entre tanto, ganan fuerza las voces en ese reconocido centro financiero internacional para que el gobierno de Juan Carlos Varela aplique la llamada “Ley de Retorsión”, expedida desde 2002 con el fin de defenderse de las posiciones hostiles de otros países replicando las medidas que se tomen en contra de Panamá.
Si esto llega a concretarse, entonces Panamá también le cobraría a todo residente fiscal colombiano, empresa o persona natural, una retención en la fuente de 33 por ciento de los pagos que se hagan a empresas o personas de ese país, así como un 25 por ciento para inversionistas de portafolio colombianos que pongan su dinero en cualquiera del centenar de bancos con sedes en ese país.
Estas y otras medidas contempla Colombia al incluir a Panamá en la “lista gris” expedida en el Decreto 1966 del 7 de octubre pasado junto a otras 40 jurisdicciones del mundo consideradas como lugares proclives para que nacionales escondan activos y capitales para evadir el pago de impuestos. Y todo, en vista de que no se alcanzó con el país hermano un acuerdo de intercambio de información tributaria.
Pero lo más grave es que las medidas desde el vecino país podrían ser mayores a aplicar la Ley de Retorsión. Incluso el gobierno de Varela podría contemplar gravar las remesas originadas en ese país hacia Colombia, lo que sería muy perjudicial para miles de familias con parientes en el istmo, donde se estima están radicados cerca de 650 mil colombianos, con o sin papeles.
También está dentro de las posibilidades que el estado panameño en sus contratos de compras u obras públicas restrinja en sus términos la adquisición de insumos con empresas colombianas, lo que sería muy perjudicial en materia del ambicioso plan de infraestructura que ha emprendido en el último lustro el vecino país que ya supera los 8 mil millones de dólares.
Por último, de la mano de la Ley de Retorsión y con las asperezas levantadas entre ambos países es probable que se venga abajo el resucitado proyecto de interconexión eléctrica Colombia-Panamá, que permitiría a las generadoras locales como Celsia, EPM e Isagén, vender energía al istmo, y a través de él, al resto de Centroamérica.
Por ahora, la vicepresidenta y canciller panameña, Isabel de Saint Malo, dijo este lunes que está agotando las vías diplomáticas para resolver este impase, incluso se buscaba ayer un diálogo directo entre los presidentes Santos y Varela.
Tampoco se conoce declaración pública alguna de la canciller colombiana María Ángela Holguín y sobre el tema solo se refirió la semana pasada el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas.
Este funcionario ya sabe del malestar general del empresariado colombiano con negocios o activos en Panamá por la medida que esta mañana el presidente del Grupo Argos, José Alberto Vélez, calificó de “agresiva” y espera que el gobierno Santos “piense, más bien, cómo se hace un compás de espera y seguir negociando y buscando fórmulas”, dijo a Caracol Radio.
Por ahora el ministro de Economía y Finanzas, Dulcidio de la Guardia, dijo el miércoles pasado que “llevamos solo cien días en el Gobierno y es poco tiempo para revisar un acuerdo de intercambio tributario (…) hemos estado atendiendo situaciones internas de primer orden y no hemos diseñado ruta para este y otros retos”.
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