La medida disciplinaria impuesta por la Procuraduría General de la Nación contra el alcalde Mayor de Bogotá, Gustavo Petro, ha dado lugar a un intenso y radicalizado debate jurídico-político en el ámbito interno. Cosa normal. Pero también a que se haga palpable una vez más una realidad con la que nuestro país ha convivido en estado de resignación: la permanente injerencia externa en nuestros asuntos internos.
Hay temas en los que pretender que no haya ningún tipo de intervención desde el exterior es imposible: los derechos humanos, el derecho internacional humanitario, los derechos fundamentales de los niños, entre otros. Allí no intervienen sólo los Estados extranjeros y las organizaciones internacionales sino, sobre todo, las no gubernamentales, que no requieren ningún tipo de formalismo o acreditación oficial para defender sus causas, presentar sus puntos de vista o también denuncias.
Los Estados y sus representantes, así como los organismos internacionales públicos (como la ONU, la OEA, Unasur) deben observar unas normas de conducta donde las formas son tan importantes como el fondo. Los gestos se corresponden con el contenido del mensaje.
Esta misma semana, por ejemplo, el representante de la Oficina de Derechos Humanos de la ONU en Colombia incurrió en una extralimitación de sus funciones, al tomar parte en una controversia de carácter estrictamente interno de la administración pública colombiana, y enviar un mensaje equívoco que se entendió como coacción a un funcionario nacional (el Procurador). La respuesta del Gobierno colombiano se oyó por boca, paradojas de la vida, del ministro del Interior, y no de la Canciller de la República.
Luego se supo de las opiniones expresadas por quien ha sido nominado como próximo embajador de Estados Unidos en Colombia, Kevin Whitaker. Es cierto que esas declaraciones las dio en Estados Unidos, en el seno de una comisión institucional del Congreso de su país, atendiendo un cuestionario que le formularon los senadores del Comité de Relaciones Exteriores previo a la autorización de su nombramiento.
Sin embargo, la inquietud que se siente ante varias de las expresiones del futuro embajador es justificada, como aquella de sugerir efectos entre la destitución de Petro y el proceso de paz.
Hay antecedentes de esa injerencia que no se circunscriben al ámbito reservado de las comparecencias ante el Congreso americano. Varios diplomáticos la practican una vez están aquí, acreditados formalmente. El caso del célebre embajador Myles Frechette se ha constituido incluso en ejemplo internacional de cómo una potencia interviene en un país timorato que no hace respetar su dignidad.
Colombia, es verdad, no se distingue -afortunadamente- por una diplomacia grosera ni vociferante. Pero sí hay que exigir al gobierno, a la canciller, una mayor contundencia en sus mensajes. La tibieza de los últimos días no sirve en el contexto actual de las intervenciones foráneas. Nadie le pide que se salga de sus cabales, pero sí que muestre más energía y claridad.
El nuevo embajador de Estados Unidos debe tomar nota de los efectos que sus declaraciones han causado. Hay demasiados aspectos importantes en la relación entre ambos Estados como para echar a perder la buena sintonía entre dos socios que se entienden bien.
EMBAJADA AMERICANA SIENTE QUE AQUÍ TIENE PRERROGATIVAS ADICIONALES
Por MAURICIO JARAMILLO JASSIR
Profesor de Relaciones Internacionales, Universidad del Rosario
Sobre las declaraciones del nominado como embajador de Estados Unidos en Colombia, demostrarlas como injerencia desde el punto de vista técnico es difícil, porque no es aún el representante diplomático en funciones, aún no está acreditado en Colombia. Uno esperaría que la posición oficial de un Estado con relación al otro la tengan, en este caso, el secretario de Estado, el presidente, o el embajador titular. Sin embargo, desde un plano no tan formal, sí se trata de una intervención indebida, incluso indecorosa, en la medida en que no respeta el principio de no intervención.
Colombia debería responder. El problema es que, no solo este, si no casi ninguno de nuestros gobiernos ha tenido el valor, ni la dignidad de contestarle a la embajada de Estados Unidos. Si eso pasa en Ecuador, en Bolivia o en Venezuela, se habría generado una crisis diplomática. Pero si cuando se reveló el espionaje americano a Colombia no se hizo nada, pues menos se hará en este caso. Los embajadores norteamericanos se sienten empoderados para hacer aquí ese tipo de declaraciones.
A lo mejor el próximo embajador no midió las repercusiones de lo dicho, pero lo cierto es que esa embajada siente que en Colombia tiene unas prerrogativas especiales que no tiene en otros países.
