A través de un artículo publicado en la revista Insurrección, la guerrilla del Eln se unió a las voces de rechazo por la destitución e inhabilidad por 15 años del alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, tachando este acto como “una muestra de la falta de garantías para la paz”.
En el artículo también critican la destitución e inhabilidad por 18 años que le fue dictada a la exsenadora Piedad Córdoba, calificándolos como “arbitrariedades del procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez Maldonado”.
Según lo que el Eln plantea en el artículo, “lo que no le perdonó Ordóñez a Petro fue la desprivatización de la recolección de basuras manejada por cuatro poderosos empresarios de la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez”. William Vélez, su primo y Tomas y Jerónimo, sus hijos.
De acuerdo con el artículo, la destitución del alcalde Petro, “no es solo el hecho de liquidar a un opositor”, sino que también “sustraer la administración de Bogotá de la influencia de la izquierda” que ya cumplía tres períodos gobernando a la capital.
Para esta guerrilla, las implicaciones de esto en el proceso de paz son “gravísimas”, puesto que la credibilidad de las instituciones del Estado y la confianza en la palabra entre gobernantes y gobernados se ven afectados.
Así expresado, “la insurgencia y los movimientos sociales que vienen luchando por cambios en el país, difícilmente pueden creer en acuerdos que se suscriba con el Gobierno”, ya que no hay garantía de que con la garantía que este último los respetará.
En este sentido, el Eln expresa que “el mensaje para nosotros los insurgentes es diáfano: la paz no son cambios verdaderos. La paz no es el derecho de participación política, efectiva y verdadera, para la insurgencia y todos los movimientos de izquierda. Lo único que es real es que queremos que abandonen la lucha política armada porque así, ‘todo será pan comido’”.
