En la columna anterior mencionamos cómo otros países han enfrentado de manera decidida al fraude, desde varios frentes relacionados entre sí. El ejemplo de Inglaterra puede ser ilustrativo. Primero, por que un país tan avanzado en cultura ciudadana padece de males similares a los nuestros, relacionados con la corrupción pública y privada. Y segundo, por que han entendido que la mejor manera de combatir esta plaga que erosiona las finanzas del Estado y el nivel de vida de las personas, es de frente. Las autoridades no dudan en tomar medidas antipopulares o duras, convencidos que la forma de ganarle a los corruptos es quitándoles el producto de sus delitos.
Del total de fraudes conocidos en el Reino Unido (30 mil millones de libras, casi 100 billones de pesos), casi 1.800 millones correspondieron a fraudes al sistema de seguridad social. Esta cifra fue inferior en casi un 60 por ciento a las cifras registradas en el año anterior, lo que demuestra efectividad en esta área específica.
Lo que es destacable es que, si bien se redujo el monto de las pérdidas, la cantidad de condenas por delitos relacionados con el fraude a la seguridad social se multiplicó por 5. En otras palabras, la estrategia de investigación y la de mano dura al aplicar castigos, lograron ayudar a reducir el monto de estos delitos, lo que hizo que los delincuentes desistieran de sus intentos.
La Autoridad Nacional contra el Fraude es la agencia del gobierno británico encargada de la lucha contra el fraude en general, mientras que la Oficina para la Investigación de Grandes Fraudes se especializa en detectar, combatir y judicializar los mayores casos de corrupción; llegando incluso hasta coordinar y ejecutar las labores de indemnización a las víctimas. Son entes autónomos en materia presupuestal y se dedican por completo a su labor.
Figuras parecidas en nuestro país podrían mejorar su desempeño, al separarse de instancias como la Fiscalía y la Procuraduría para convertirse en cuerpos altamente especializados.
Los investigadores al servicio de estos entes, deberían contar con acceso a los avances científicos, tecnológicos y de formación, que les permita desarrollar su trabajo a un nivel comparable al de entidades de otras naciones, con problemas similares al nuestro.
Como en todas las instancias en las cuales se deben identificar los beneficios esperados de la inversión en este tipo de medidas, la reducción en los montos que se pierden por actuaciones
corruptas o por intentos de fraude serán la base para identificar su éxito, además de las condenas efectivas, multas y recuperaciones que se hagan por medio de los procesos judiciales adelantados; bien sea dentro del marco jurídico existente o apoyando la creación de tipos jurídicos especiales en relación con el fraude (delito que debe ser definido como gravísimo en los casos de afectación de los dineros de la salud).
En su informe anual, el encargado de la lucha contra el fraude en el Reino Unido, Mr. James Plaskitt, recalcó la importancia de utilizar tecnología para agilizar los procesos de afiliación, modificaciones y trámite de solicitudes de beneficios por parte de los usuarios, como una de las más efectivas formas de combatir el fraude.
Como puede concluirse, no basta con señalar culpables.
Hay que tomar la iniciativa en el terreno de la lucha por la defensa de los dineros públicos.
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