Mantener la institucionalidad del Congreso fue el mayor logro de la anterior legislatura, como bien lo afirmó Nancy Patricia Gutiérrez en su informe final como presidenta del Senado. En la presente es indispensable que no haya dudas sobre la legitimidad del órgano Legislativo, ya que tendrá que decidir sobre asuntos trascendentales para la vida democrática de Colombia, como las reformas a la política y a la justicia, y la consolidación de una vital agenda económica y social.
La reforma política estructural no da más espera. Es una lástima el tiempo perdido en la anterior legislatura, pero aún es hora de reaccionar. Confiamos en que el Congreso no desperdiciará la capacidad que tiene para autorregularse y crear normas que lo blinden contra todo acto de ilegitimidad y corrupción. Debe hacer honor al compromiso no sólo legal sino ético que tiene con los ciudadanos para alcanzar el fortalecimiento de los partidos políticos y erradicar la infiltración de los grupos armados ilegales. Es lo mínimo que los congresistas deben retribuirles a quienes los eligieron.
La Comisión de Ajuste Institucional nombrada por el Gobierno, ante el fracaso de la reforma política, presentó un primer borrador con el ánimo de realizar cambios constitucionales de fondo. Ésta no será la única iniciativa, pues se conoce que un grupo de congresistas de la U y de la oposición también llevarán sus propuestas. Por eso creemos que sólo a través del consenso entre los partidos, el país podrá tener, por fin, una reforma profunda y definitiva en la forma de hacer y ejercer la verdadera política, la del bienestar ciudadano.
La Reforma a la Justicia es el otro trascendental asunto sobre el cual habrá de legislarse. Por fortuna, el Ministro del Interior y Justicia, Fabio Valencia, ha logrado restablecer las relaciones entre el Gobierno y las altas Cortes, lo que permitirá un análisis sereno que respete la autonomía e independencia de las ramas del poder. Se conocen ya las líneas básicas del proyecto, en las que se destaca: el regreso a la cooptación para llenar las vacantes en las altas Cortes; la elección del Procurador por el Congreso, de terna presentada por el Presidente de la República; el nombramiento de un Gerente General para la Rama Judicial; y el establecimiento de la doble instancia para el juzgamiento de congresistas y de la pérdida de investidura. Temas que ya comienzan a suscitar polémicas jurídicas y políticas con relación a la concentración de poderes.
Esperamos que los congresistas estén a la altura del compromiso histórico, pues además de las anteriores reformas, deberán ocuparse de la definición judicial de 19 mil paramilitares desmovilizados; de la ley de reparación de víctimas y de la sanción de la dosis personal de estupefacientes, entre otros importantes proyectos. Es el momento de recuperar el tiempo perdido... y la credibilidad.
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