Un proverbio chino lo ilustra: "si le das un pescado a una persona comerá solo una vez, pero si le enseñas a pescar tendrá comida para toda la vida". Dos palabras resumen bien la sentencia oriental: ¿paternalismo o educación? En Colombia la disyuntiva no parece estar resuelta.
Un país como el nuestro necesita un plan educativo visionario y ambicioso para salir del atolladero en el que nos han metido años y años de conflicto. Y es el Estado el encargado no solo de construir ese plan, sino también de comprometerse en que su cumplimiento se lleve a cabo. Es vergonzoso reconocerlo, pero si anualmente se redujera al menos en un 20 por ciento la corrupción de algunos de nuestros políticos y funcionarios y ese dinero se destinara a las universidades públicas, el respiro sería tranquilizante. Sin embargo, cada vez hay menos recursos y más sobreoferta, pues para un estudiante de bajos recursos esa es la única oportunidad de lograr una carrera profesional.
Es decir, que el número de frustrados que andan por las calles no es pequeño, sobre todo si se tiene en cuenta que en los últimos cinco años hubo un aumento significativo en la cifra de bachilleres que se gradúan anualmente: de 400.000 pasamos a 700.000.
Lo que es más paradójico aún es que pareciera, según la determinación del presupuesto nacional en su reciente aprobación en la Cámara de Representantes, por primera vez se destinó para la guerra más que para la educación. Mientras tanto, los rectores de las universidades públicas suplican un aumento del cinco por ciento en los recursos que les entregan. Si no reciben lo que piden, no habrá, con justa razón, con qué pagar su funcionamiento.
La Ministra de Educación, Cecilia Vélez, ha salido a defenderse, diciendo que el rubro de las universidades aumentó en 160 mil millones de pesos para el próximo año. Ese no es más que un sofisma de distracción, pues lo que no advierte la funcionaria es que ese dinero no irá a las tesorerías de las 34 universidades públicas del país ni será para mitigar sus necesidades y sostenerse en el tiempo. Ese dinero será para entes como Colciencias, que se quedará con 30 mil millones del monto que mencionaba la Ministra. Sin duda, esa cifra mejorará la investigación, pero ¿no es necesario investigación con universidades abiertas? Y todavía más, estas instituciones tienen que cofinanciar para poder acceder a estos recursos. Otros 70 mil millones serán para el Icetex y todos sabemos que la función de esta institución es prestar dineros, especialmente a estudiantes de universidades privadas.
Así que la Ministra no tiene una posición transparente. No hay, tampoco, un interés verdadero de modificar estructuralmente la asignación de recursos a las universidades para establecer indicadores de eficiencia y eficacia medibles en el tiempo.
Mientras tanto, la corrupción se acentúa. ¿Acaso los beneficiados de Agro, Ingreso Seguro, se tienen que preocupar por mandar a sus hijos a universidades públicas? No, los que se preocupan por ello son sus trabajadores campesinos -ellos y los de todo el país. Un 70 por ciento de sus hijos se ven obligados a desertar de sus colegios, un 30 termina el bachillerato y apenas un 0.2 por ciento accede a la universidad pública-.
Es una incoherencia del gobierno, así lo dijo el rector de la Universidad Nacional, Moisés Wasserman. ¿Qué sentido tiene, acaso, que sean las universidades públicas las encargadas por el gobierno para cumplir con la misión social de garantizar la educación de los más pobres, si el mismo gobierno no la respalda económicamente?
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