En medio de un completo mutismo por parte de la Casa de Nariño, este jueves en la noche el presidente de la República, Juan Manuel Santos, posesionó al magistrado Alberto Rojas Ríos, a quien no se le encontró ningún impedimento legal.
La posesión del magistrado no duró más de cinco minutos y estuvo marcada porque solo se permitió el ingreso de las cámaras de televisión, mientras a los periodistas se les negó la entrada al Salón Protocolario de Palacio.
El nuevo togado de la Corte Constitucional entró por la carrera octava, pero al notar la presencia de la prensa desvió su rumbo e ingresó por la plaza de armas sin responder las preguntas de los periodistas. Al final del evento tampoco se pronunció.
En el acto de posesión estuvo presente el secretario General de Palacio, Juan Mesa; la secretaria privada del presidente, Cristina Plazas; y la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa, quienes tampoco se pronunciaron después del evento de posesión.
Rojas, que resultó elegido por el Congreso el pasado 10 de abril, fue postulado en la terna presentada por el Concejo de Estado en reemplazo del exmagistrado Humberto Sierra Porto.
Al nuevo miembro de la Corte Constitucional se le cuestiona por varios hechos. En el primero, según denunció el portal La Silla Vacía, al parecer Rojas habría recibió honorarios por 567 millones de pesos y sólo declaró a la Dian 69.
El segundo señalamiento, trata de la supuesta apropiación por parte de Rojas de 116 millones 834 mil pesos que reconoció el municipio de Funza a Isabel Cristina Marín y sus tres hijos en 1995, por un accidente de tránsito en el que perdió la vida el esposo de la mujer.
En la edición del pasado domingo, el noticiero de televisión Noticias Uno, mostró cinco documentos en los cuales el entonces abogado Rojas Ríos tramitó ante la Alcaldía de Funza, Cundinamarca, para que se hiciera el desembolso que se había concertado por la muerte del esposo de la señora Isabel Cristina Marín.
El noticiero mostró la copia de la cuenta de cobro que radicó Ríos en la Secretaria de Hacienda de ese municipio el 26 de marzo de 1996.
Noticias Uno además mostró copia de una carta que Rojas envió, en esa época, al alcalde y algunos concejales de Funza, en donde le indicaba que no se cobrarían los intereses, y una misiva más a la Secretaría de Hacienda para que le consignaran en su cuenta bancaria.
Luego de tres días de escándalo, Rojas quien ha rehusado encontrarse directamente con la prensa, ha señalado que este caso es una campaña de “descrédito, difamación y persecución” en su contra.
