Los funcionarios de gobierno producen algunas veces ideas tan exóticas o tan poco prácticas que uno se pregunta de dónde pueden haberlas sacado o si son el resultado de andar en carros blindados, mal ventilados. También les gusta meterse en el campo de los otros ministros, sobre todo en el de los más sensatos.
El Presidente predica que desea promover la inversión y que la "confianza inversionista" es una razón para buscar la reelección, pero el ministro responsable del medio ambiente persigue a los inversionistas como si fueran perros rabiosos.
Cuando se necesita crear empleo y fomentar la demanda doméstica, el ministro de Minas decide obligar al gobierno a ahorrar. No lo hizo en la época de las vacas gordas, pero cuando nos está dando duro la crisis decide que es el momento. La cosa es como para volverse locos.
Fijar el precio de la gasolina y decidir en qué gastar los excedentes que se generan de un precio muy superior a los costos es política macroeconómica y es política de empleo. Cuando está cayendo la demanda interna, se vienen abajo los precios de los productos de exportación, declina la inversión privada, se restringen los mercados de los países vecinos y se recorta el crédito, lo que no necesita el país y mucho menos la economía es que le impongan un impuesto adicional y que el gobierno se guarde la plata. Por si no se han dado cuenta, eso es exactamente lo que se está haciendo con el precio de la gasolina. El ministro de Minas quiere mantenerlo alto y generar un superávit muy cuantioso que iría a alimentar un fondo de estabilización. No se sabe qué va a estabilizar ese fondo, pues en la época del auge el gobierno decidió desocuparlo, y ahora que las vacas están flacas, quiere ordeñarlas hasta que se sequen para recomponer el fondo. Así manejado, lo que es, es un fondo de desestabilización.
El precio de la gasolina puede mantenerse alto por razones que pueden ser válidas. Unas de ellas serían estimular el ahorro de energía, racionalizar el transporte, incentivar el transporte masivo e inhibir el abuso del automóvil particular, por ejemplo. Otra menos defensable podría ser continuar fomentando la producción de biocombustibles. Una tercera podría ser dotar al gobierno de dinero para sus proyectos prioritarios. Lo que sí no tiene justificación lógica es guardar esa plata para un día lluvioso, cuando estamos con el agua al cuello.
El gobierno necesita invertir bien en obras claves y promover empleo masivo. Si se van a mantener elevados los precios de la gasolina, lo que sería sensato y socialmente justo sería usar esa plata que le va a sobrar al gobierno para financiar un programa de inversión anticíclico que genere empleo para la gente de bajos recursos, que es la más afectada por la desaceleración. El país pide a gritos un buen programa de vivienda social de gran alcance. Ahí están los recursos para hacerlo. Hay obras públicas a medio hacer o muy demoradas. ¡Termínenlas con ese dinero! Algunos temen con razón que esto puede desembocar en corrupción y politiquería si el objetivo se desvía para promover la reelección. Ese es un riesgo que no se puede desconocer, pero hay formas institucionales de evitarlo, involucrando a entidades responsables e idóneas en la ejecución de los programas y estableciendo una veeduría privada, porque el Presidente no podría correr con el cargo de conciencia de perder una oportunidad única para proveer vivienda y empleo populares en esta crisis, entregándole esos recursos a los gavilanes de siempre.
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