Cuando se juntan los efectos del cambio climático con modelos inadecuados de desarrollo que comprometen la salud de los ecosistemas y del medio ambiente, son múltiples las dimensiones de los daños que pueden llegar a ocurrir. Eso es lo que está sucediendo en el territorio nacional.
El modelo de desarrollo y planificación imperante a lo largo de décadas nunca tomó en serio las particulares características ambientales de nuestro territorio. La colonización en la zona andina arrasó con miles de hectáreas de páramo, grandes esponjas que almacenan el agua en épocas de invierno y la liberan en verano, y también con las selvas de alta montaña, dejando desprotegidos los suelos, que con las fuertes lluvias se erosionan, ocasionan grandes deslizamientos y colmatan los cauces de los ríos y ciénagas, con lo cual se facilitan los desbordamientos e inundaciones que estamos viendo. Cientos de humedales, ciénagas y madres viejas, los grandes reservorios y espacios para regular los flujos de agua en épocas de invierno, han sido desecados y rellenados de manera inescrupulosa por terratenientes y constructores, quitándoles el espacio a las aguas que ahora vuelven a retomar su curso. Ejemplos como los de la Mojana, la Sabana de Bogotá y el valle del río Cauca, así lo demuestran. No olvidemos que las tragedias en épocas de invierno han sido recurrentes en nuestro país, solo que esta vez su proporción es mucho mayor en razón de los efectos del cambio climático global, producto también de la mano del hombre, como acaba de ser reconocido finalmente en Cancún por la comunidad internacional.
Hoy está ampliamente estudiado y pronosticado que los fenómenos climáticos se incrementarán en el futuro y estarán acompañados de eventos extremos de mayor intensidad, tanto en épocas de invierno como de verano. Esa es la realidad con la que debemos vivir y para la que debemos tomar las precauciones del caso. Los costos de no haber tomado en serio las características naturales de nuestro país en el modelo de desarrollo y en los procesos de planificación territorial son incalculables y aún están por determinar. Hace tan solo un par de semanas las cifras hablaban de 1.3 millones de damnificados y cerca de doscientos muertos y desaparecidos. Hoy, 15 días después, ya se habla de cerca de 2.5 millones de damnificados y los muertos prácticamente se han doblado.
Las cifras, en tanto las lluvias no cesen, seguramente seguirán en aumento. Según el Ideam, la actual temporada de lluvias, con volúmenes de precipitación sin antecedentes en el país, se conectará con la temporada invernal de abril de 2011.
Al gran número de damnificados y muertos se suman las vías y obras de infraestructura destruidas, las viviendas perdidas y afectadas, ya sea por deslizamientos o por las inundaciones, los cientos de miles de hectáreas de cultivos cubiertos por las aguas y los costos para el sistema de salud, entre muchas otras afectaciones.
A esto se suma que el Gobierno central, así como todos los gobiernos regionales y municipales están dedicados, casi que exclusivamente, a afrontar la calamidad. ¿Cuánto le cuesta esto al país en términos económicos y de desarrollo?
Ya se habla de una cifra cercana a los diez billones de pesos. Por demás no parece pertinente que sea el momento de buscar chivos expiatorios como lo pretende hacer el Procurador, al abrir investigación preliminar a varios gobernadores, mientras otros sectores señalan a las CAR y muchos otros atribuyen la situación simplemente a "los desastres naturales". El problema es mucho más profundo que eso y en estos momentos resulta inútil gastar tiempo y energía en hallar culpables.
Más bien ha llegado el momento de reflexionar en profundidad y con visión de largo plazo para atacar la raíz del problema y así evitar que en el futuro se vuelvan a presentar situaciones similares o quizás más severas, en tanto y de manera simultánea se va dando atención a los más afectados.
Ya sabemos que solo con obras de infraestructura no se solucionará el problema. Estas son arrasadas por el agua, tal como ha sucedido con jarillones y terraplenes que han costado miles de millones de pesos, sin dar los resultados esperados. La locomotora emergente del Plan Nacional de Desarrollo debe ser el cuidado y la restauración de los ecosistemas deteriorados por las causas antes mencionadas y la adaptación de los procesos de desarrollo al cambio climático, tema que se ha quedado entre el tintero a pesar de la profunda convicción ambiental del presidente Santos.
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