La senda de vinculaciones de políticos con delitos de lesa humanidad, a raíz de sus relaciones con grupos armados al margen de la ley, empezó a abrirse paso en Colombia y su tránsito arrancó de la mano de la Corte Penal Internacional (CPI). En los próximos días se escucharán nuevos ecos en ese sentido.
El primer paso lo dio la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia el jueves pasado, al imponerle la máxima pena al ex gobernador de Sucre y ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana Sus, quien deberá permanecer en prisión por 40 años y pagar 2.400 millones de pesos.
La razón para que esta pena sea considerada un guiño a dicha posibilidad, que podría cobijar a más de uno de los llamados parapolíticos, es precisamente que la Corte, por ser el máximo tribunal de la justicia ordinaria, la convierte en el ejemplo a seguir por todos los jueces del país, pues sus pronunciamientos constituyen lo que los especialistas denominan precedente jurisprudencial.
No es la única razón. El cóctel de beneficios y relaciones del caso Arana y su cercanía con los grupos paramilitares, se repite de distintas maneras en un grueso número de procesos que están bajo la lupa de las autoridades, muchos en manos de la misma Corte Suprema.
En ellos se deben tener en cuenta cargos como masacres, torturas, secuestros, desapariciones y desplazamientos forzados muchos de los cuales, por haberse cometido con posterioridad al 1 de noviembre de 2002 (entrada en vigencia la CPI en temas de lesa humanidad) los hacen susceptibles de vigilancia por parte de la CPI.
"No cabe duda de que quienes fungían como voceros políticos legalmente reconocidos, que inclusive escalaron posición dirigente, realmente hacían parte de la cúpula de los grupos paramilitares", señaló la Corte al abrir la puerta para evaluar en detalle, uno a uno, los procesos que le arrebató a la Fiscalía General de la Nación hace un par de meses.
"En tal condición integraban el directorio de mando que diseñaba, planificaba, proyectaba, forjaba e impulsaba las acciones que debía desarrollar la empresa criminal en aras de consolidar su avance y obtener más réditos", agrega el fallo, en clara alusión a los beneficios que recibieron distintos dirigentes políticos.
La Corte tuvo en cuenta varios hechos luctuosos que regaron distintas regiones del país: "Buscaban arrasar a todos los ciudadanos u organizaciones que se opusieran a sus propósitos", mencionó la corporación, tras analizar la muerte de Eudaldo Díaz.
Otros delitos
Una de las pautas que tendrá presente la Corte para considerar la calidad de un delito de terrorismo es que en el mismo se haya incurrido en financiamiento de operaciones cuyo propósito final haya sido ocasionar la muerte, o lesionar a civiles.
A la par, serán evaluados criterios de intimidación a la población civil. Este mismo ha sido utilizado por distintos Estados para negar peticiones de asilo. Esto "priva a tales conductas de cualquier naturaleza política".
Cada uno de estos argumentos será tenido en cuenta por la Corte al analizar casos como los que se siguen contra del ex senador Álvaro García Romero, vinculado con la masacre de Macayepo, o el de Mario Uribe, a quien Jairo Castillo Peralta, alias 'Pitirri', señala de haber adquirido tierras de las que habrían sido desplazados sus propietarios.
El primero de estos procesos, se asegura dentro del alto tribunal, será resuelto antes del 18 de diciembre, cuando inicia la vacancia judicial.
"La presente decisión es una muestra de las posibilidades que tiene la justicia colombiana de investigar y sancionar graves crímenes que repugnan a la humanidad", señala la Corte al eliminar la posibilidad de una injerencia de la CPI.
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