El Consejo de Estado mantuvo la investidura del senador liberal Eugenio Enrique Prieto Soto, que había sido demandada por presunto tráfico de influencias y violación al régimen del conflicto de intereses.
La investidura de Soto fue demandada porque Prieto Soto presentó durante una sesión de la Comisión Sexta en el Congreso una proposición para que la Contraloría General de la República ejerciera control excepcional de un proceso de responsabilidad fiscal que en su contra adelanta la seccional de Antioquia.
El Consejo de Estado acogió el concepto de la Procuraduría sobre el caso, según el cual este hecho no ameritaba la muerte política del senador ya que éste retiró la petición.
