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Solo hasta pasados 10 años se podría conocer el proceso que se adelanta en contra del excoronel Ediles Sánchez Rubiano por los desaparecidos del Palacio de Justicia en 1985
Así lo aseguró el abogado Jorge Molano, quien defiende los intereses de los familiares de los desaparecidos y quien explicó que la demora en el fallo se podría deber a que el juzgado recibió más de mil procesos que estaban en diferentes Juzgados de Descongestión.
Hecho por el cual el estudio del extenso proceso se ha visto afectado debido a que se debe atender múltiples solicitudes.
"Este Juzgado quedó con más de 1.200 procesos casi que por la responsabilidad del Consejo Superior de la Judicatura, por lo que en 10 años podríamos conocer una sentencia", precisó Molano.
Ante la situación, Molano se mostró frustrado de las demoras en los procesos judiciales y su preocupación frente a la lentitud que se ha registrado en este caso, "es una demostración que en Colombia después de 27 años de ocurridos los hechos, no asume su deber de hacer justicia".
Por lo cual aseguró que van a presentar el caso ante la Corte Interactiva de Derechos Humanos en el marco de la demanda presentada contra el Estado colombiano por estos hechos.
"El caso podría prescribir en 15 años entonces no es una cuestión cercana e inminente, pero si genera preocupaciones en el caso de que las familias tengan claridad sobre la justicia y una aclaración sobre los desaparecidos", explicó.
Alegatos
El pasado mes de febrero se adelantaron los alegatos de conclusión en este proceso, diligencias en las que el delegado de la Fiscalía y los representantes de las víctimas solicitaron que se emitiera fallo condenatorio en contra del excomandante del B2 del Ejército y otros cinco suboficiales.
Durante los alegatos, la representación de las víctimas señaló que los integrantes del B-2 en cabeza del excomandante Sánchez Rubiano, conocían las intenciones del M19 y que no hicieron nada para evitarlo.
Ante esto Sánchez Rubiano aceptó en su momento que “por informaciones de inteligencia tenía conocimiento de que este grupo guerrillero iba a dar un golpe político”.
Una de las abogadas presentó una serie de documentos oficiales en los que se deja ver que el 17 de octubre de 1985, dos semanas antes de la toma, se conoció un plan del grupo alzado en armas para atacar el lugar cuando todos los magistrados estuvieran reunidos.
“Pero no se hizo nada para proteger a los magistrados; es más, dos días antes les fue retirada la poca seguridad con la que contaban”, precisó.
Los otros procesados, también por el delito de desaparición forzada agravada, al igual que Sánchez Rubiano son: el capitán (r) Óscar William Vásquez y los sargentos (r) Antonio Rubay Jiménez Gómez, Luis Fernando Nieto Velandia y Ferney Martín Causallá Peña.
Las víctimas de las cuales no se sabe nada desde el holocausto son: Irma Franco, guerrillera del M19; Cristina Del Pilar Guarín, quien se desempeñaba como cajera de la cafetería; Carlos Augusto Rodríguez, administrador del lugar; Bernardo Beltrán, mesero; Gloria Stella Lizarazo, empleada de la cafetería; David Suspes Celis, cocinero; Luz Mari Portela León, empleada de la cafetería que había ido a reemplazar a su madre en el trabajo porque ésta estaba enferma.
También desaparecieron tres visitantes ocasionales del lugar identificados como Gloria Isabel Anzola, Lucia Amparo y Norma Constanza Esguerra.
Según la Fiscalía las personas habrían sido torturadas, asesinadas y posterior a ello desaparecidas.
Dentro de las pruebas que se tienen en el proceso y que han sido presentadas tanto el ente investigador como los abogados de víctimas hay vídeos y fotografías, así como testimonios que indican que las personas desaparecidas salieron vivas del lugar, quedaron en manos de los militares y luego de ello se desconoce su paradero