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HISTÓRICO
Falta de plata tumbó la ley de víctimas
Juliana Eusse Guerra | Publicado el 19 de junio de 2009
Una conciliación entre Senado y Cámara y la sanción presidencial era el camino que le restaba al proyecto de ley de víctimas, luego de dos años de debates, pero el pasado jueves se hundió una vez que el Gobierno señalara que el Estado carecía de recursos para cumplir con la reparación a las cerca de 4 millones de víctimas que exigía la norma, con una cifra estimada en unos 80 billones de pesos.

Sin embargo, algunos sectores consideran que hay otras razones que determinaron su caída, entre ellas la de poner en la misma condición a los miembros de los grupos ilegales y a los agentes del Estado, como lo señaló el mismo Ejecutivo en un comunicado emitido la tarde del jueves.

Además, hay críticas por el hecho de que se diera prioridad a la ley de Principio de Oportunidad, para resolver la situación de los combatientes rasos de las desmovilizadas autodefensas -aunque también es una herramienta para futuras negociaciones con otros grupos ilegales- en vez del avance de la medida sobre los afectados por los actores del conflicto.

"Hay que reconocer que pese a que hemos estado abogando por la ley del Principio de Oportunidad y liderando este proceso de formación, sentimos insatisfacción y creemos que hay una contradicción frente a la Ley de Víctimas", señaló el fiscal Mario Iguarán.

Entre las discusiones que generó el proyecto de ley, estaba el reconocimiento en iguales condiciones de las víctimas de agentes del Estado con respecto a las víctimas de ilegales. Este, en un comienzo, fue el punto coyuntural en la redacción del texto de la ley y, para algunos, la real razón de su caída.

Antes de la decisión del Senado, el Gobierno advirtió que las actuales dificultades económicas hacían imposible la reparación pecuniaria a las víctimas y el texto no pasaría de ser letra muerta.

En este sentido el ministro de Hacienda, Óscar Iván Zuluaga, justificó ayer esta razón, con el argumento de que el proyecto planteaba que todo debía ser restituido por el Estado, que el Gobierno debía garantizar la sostenibilidad de un proyecto de vida, dar subsidio de vivienda a todo el universo de víctimas e indemnizar por prejuicios morales, daño emergente y lucro cesante, entre otras obligaciones para lo cual carece de recursos.

"El Gobierno está dispuesto a hacer un importante esfuerzo fiscal para reconocer y restituir los derechos de las víctimas, pero que no puede afectar las posibilidades de gasto de los futuros gobiernos", precisó el Ministro.

Nuevos proyectos
Esta determinación generó fuertes críticas. El senador liberal y autor del proyecto de ley, Juan Fernando Cristo, dijo que el Gobierno era "mezquino y tacaño con las víctimas y generoso con los victimarios".

Para Iván Cepeda, director del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado (Movice) la razón real del hundimiento del proyecto no fue la falta de recursos sino la oposición a reconocer a las víctimas de crímenes de agentes del Estado.

"El Gobierno primero no quería que hubiera ley y después comenzó a utilizar el argumento de las limitaciones fiscales. Además contrasta mucho su actitud para hacer que se voten impuestos para sostener la seguridad democrática y haga estos cálculos contra la ley de víctimas", declaró.

Cepeda dice que continuarán en la búsqueda de sacar adelante la ley en la próxima legislatura, y que la presión internacional esta vez jugará a su favor.

Por su parte, el Gobierno Nacional, mediante su ministro del Interior y de Justicia, Fabio Valencia Cossio, se comprometió a proponer una ley a partir de la próxima legislatura, que empieza el 20 de julio, la cual "recoja de manera justa y equitativa entre los estándares internacionales y la ley colombiana, en un marco de responsabilidad fiscal, política y social".