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HISTÓRICO
Filtran documento de los 2.000 de Petro
  • Cesar Gaviria Trujilo rindió testimonio ante la Corte Suprema.
    Cesar Gaviria Trujilo rindió testimonio ante la Corte Suprema.

  • La lista contiene 1.885 nombres, muchos de los cuales están repetidos.
  • Texto contiene los nombres de las personas que fueron afiliadas a Convivir.
Medellín y Bogotá
El sonado documento que tendría el senador del Polo Democrático Alternativo, Gustavo Petro, y que serviría de base para demostrar la supuesta relación entre distintos sectores de la sociedad antioqueña con el paramilitarismo, dejó de ser ayer un misterio.

El texto, de 35 páginas, en formato Excell, contiene los nombres de 1.885 personas (muchas de las cuales se repiten) que habrían pertenecido a las cooperativas de seguridad privada, Convivir, en momentos en que éstas eran legales.

EL COLOMBIANO se abstiene de publicar la lista.

El documento, cuyo orden no es alfabético por apellidos, pero sí por nombres, vincula a personas no solo de Antioquia, sino de otros departamentos.

En cada página hay 52 nombres, muchos de ellos con un apellido, y otros con sus dos apellidos completos, lo que no permite deducir si se trata de la misma persona.

En la enumeración de nombres aparecen dirigentes políticos, empresariales, miembros de la fuerza pública, propietarios de distintas agroindustrias y gente del común.

Las Convivir fueron creadas en 1994, en el gobierno de César Gaviria, tras ser declaradas como ajustadas a la Carta Magna, por la Corte Constitucional.

La mayor cantidad de cooperativas de vigilancia funcionaron en Santander, con 106.

El segundo departamento en utilizar este tipo de servicios fue Antioquia con 70 Convivir, que aglutinaban a 10.000 personas, de acuerdo con datos suministrados en su momento por Germán Arias Gaviria, consejero presidencial para la Seguridad Nacional.

No obstante el listado, el senador Petro afirmó que en el debate del martes en el Congreso de la República sobre su visión del paramilitarismo en Antioquia, él no detallará los nombres de la lista, pues su función es hacer control político sobre los empleados públicos.

Proceso que crece
De otro lado, dos años después de iniciadas las investigaciones por presuntos nexos de dirigentes con grupos de autodefensa, los resultados comprometen a políticos de 10 departamentos; es decir, al 30 por ciento del país.

Las actuaciones de la Corte Suprema de Justicia y la Fiscalía han llevado a 13 servidores públicos a la cárcel La Picota, de Bogotá.

Permanecen prófugos de la justicia el ex gobernador de Sucre y ex embajador de Colombia en Chile, Salvador Arana Sus, el representante a la Cámara de Apertura Liberal, Jorge Luis Caballero y el ex ministro Álvaro Araújo Noguera.

Los departamentos que se han visto marcados por este proceso son, hasta hoy, Córdoba, Sucre, Cesar, Magdalena, Atlántico y Casanare.

Están a la espera de un posible llamado de la justicia políticos de Risaralda, Antioquia, Santander y Norte de Santander.

Por lo menos, eso dijo el fiscal Mario Iguarán Arana, el 10 de abril pasado, al señalar que se adelantan investigaciones previas contra el gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero y los senadores Habib Merheg y Germán Aguirre.

A estas declaraciones se suman las denuncias hechas en contra del alcalde de Cúcuta, Ramiro Suárez Corzo.

Una de las expectativas que genera la Corte Suprema de Justicia durante estos días es la petición que le hizo al Congreso para que se abstenga de suspender como congresistas a los legisladores que hoy están detenidos en la cárcel La Picota, al advertir que la medida de aseguramiento en contra de esas personas aún no está en firme.

La Corte se refiere a los senadores Álvaro Araújo, Dieb Maloof, Mauricio Pimiento, Luis Eduardo Vives, Jorge Luis Caballero y el representante Alfonso Campo Escobar.

Parapolitics touches 10 departments
The investigations being carried out at present by the Supreme Court to establish what possible connections there are between politicians and paramilitary groups in Colombia have revealed that ten departments -that is, thirty per cent of the country- stand affected. Thus far, the departments of Córdoba, Sucre, Atlántico, Cesar, Magdalena and Casanare have been taken to court. Antioquia, Risaralda, Santander and Norte de Santander await trials. Former presidents César Gaviria and Andrés Pastrana gave testimony before the Supreme Court of Justice yesterday.