El Gobierno revisó al alza a 62.000 millones de dólares las inversiones proyectadas en los sectores petrolero y minero entre el 2008 y el 2015, desde una cifra previa de 50.000 millones de dólares, según un documento revelado este lunes por el Departamento Nacional de Planeación.
Según las estimaciones, el Gobierno espera que los recursos derivados del esperado auge petrolero y minero se orienten a reducir la deuda pública a un 25,7 por ciento del Producto Interno Bruto en el 2021, desde el 38,6 por ciento en el 2010.
Según las estimaciones del Departamento Nacional de Planeación, los ingresos por renta y dividendos de la actividad petrolera alcanzarán un 1,81 por ciento del PIB desde el 2014.
"De acuerdo con las proyecciones del Ministerio de Minas, entre el 2008 y el 2015 la inversión en este sector podría ascender a 54.000 millones de dólares en el sector petrolero y a 8.000 millones de dólares en el sector minero", indicó la entidad, con base en un documento aprobado por el Consejo Nacional de Política Económica y Social (Conpes).
Pero el documento no detalla la inversión extranjera y nacional que espera ir a los sectores de petróleo y minas. Únicamente entre el 2008 y el 2009 más de 6.000 millones de dólares e inversión extranjera se destinó a esos campos.
La producción
De acuerdo con las estimaciones, la inversión en exploración petrolera permitirá un aumento sostenido de la producción de hidrocarburos que podría alcanzar los 1,5 millones de barriles diarios equivalentes a partir del 2018.
Actualmente el país produce alrededor de un millón de barriles equivalentes de hidrocarburos, que incluye crudo y gas natural.
Si el alza en la producción se complementa con un aumento en los precios del crudo a 84 dólares por barril en el 2020, desde los 71 dólares en el 2010, "se incidirá de una manera importante sobre los ingresos del Estado".
"El Gobierno debe ser cuidadoso en la administración que le da a los ingresos extraordinarios, dado que si éste aumenta el gasto de manera permanente frente al auge de ingresos transitorio, puede conducir a un desequilibrio fiscal estructural", agregó el documento.
"La idea de una política óptima es ahorrar esos ingresos extraordinarios para luego desahorrarlos cuando el ciclo se invierta y la economía los necesite, lo que ayudará a evitar la tendencia a la revaluación y a disminuir la volatilidad de la economía", explicó.
