Las bandas criminales no solo son estructuras armada ilegales dedicadas al narcotráfico, sino que se han expandido sus acciones hacia la minería, el contrabando, la explotación forestal y hasta la trata de personas.
En muchas regiones estas bandas no sólo están intensificando el conflicto en algunas regiones del país sino que afectan los procesos de reintegración.
Así lo evidenció el tercer Informe Nacional de Desmovilización, Desarme y Reintegración de la Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación, presentado en diciembre pasado.
El informe determinó que "los Rastrojos" tenían presencia en 166 municipios, "los Urabeños" en 176, "los Paisas" en 61, "Águilas Negras" en 4 y el "Erpac" en 28 (antes de su sometimiento a la justicia).
La ofensiva contra estos grupos es reconocido por las autoridades y el Gobierno como unos de los objetivos estratégicos en seguridad para este nuevo año. A pesar de que en 2011 fueron capturados 3.017 de sus integrantes, su capacidad para delinquir e intimidar sigue vigente y prueba de ello fue el reciente "paro armado" de "los Urabeños" en la Costa Atlántica.
Analistas en seguridad como Alfredo Rangel sostienen que "combatirlas requiere el trabajo mancomunado de las Fuerzas Militares y de la Policía para afectar sus redes de financiación". Rangel agrega que las Fuerzas Militares deben involucrarse de lleno en su persecución, pues hasta ahora la responsabilidad ha recaído en la Policía.
Las operaciones conjuntas contra las bandas se aplican en Córdoba y Bajo Cauca antioqueños, como parte del Plan Troya, al que las autoridades atribuyen resultados positivos.
El subdirector de la Policía Nacional, general José Roberto León, indicó que una de las estrategias para contrarrestar a las bandas es un proyecto de ley para "corregir" el código minero para "tener más dientes" para atacar esta fuente de recursos.
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