El Gobierno Nacional anunció este viernes que llevará al Congreso una nueva iniciativa legal para superar el limbo jurídico en el que se encuentran unos 17.000 desmovilizados de las Auc.
El proyecto, que será presentado al Congreso el lunes próximo, fue consensuado por el Consejo Superior de Política Criminal y Penitenciaria durante una reunión extraordinaria que mantuvo este viernes en la Casa de Nariño.
El encuentro fue liderado por el ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas, que lo convocó tras la decisión de la Corte Constitucional de invalidar una norma que suspendía los procesos penales al numeroso grupo de antiguos paramilitares que entraron en un programa gubernamental de reinserción o reintegración.
"Se ha llegado a un acuerdo para estructurar una herramienta que garantice la estabilidad del proceso de reintegración, al tiempo que se materialicen los derechos de las víctimas", anunció Vargas al terminó de la sesión extra.
El ministro anticipó que el consenso está en "una iniciativa que ha sido consultada y será estructurada por expertos y un equipo de trabajo del más alto nivel".
Con urgencia
El proyecto será presentado el próximo lunes al Congreso, agregó Vargas.
"La urgencia de la situación amerita una respuesta rápida y efectiva del Estado", prosiguió el titular del Interior y de Justicia, y apuntó que el CSPCP llama al Congreso a que gestione de manera pronta esta iniciativa.
Asimismo, a que "apruebe medidas que propenden por el respeto de los derechos de las víctimas, pero que también busquen garantizarles a las personas desmovilizadas una situación jurídica estable que permita su reintegración a la sociedad civil".
El CSPCP reúne a representantes de la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado, la Fiscalía General, la Procuraduría General, la Defensoría del Pueblo, la Policía Nacional y el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS).
En el organismo también están representados los institutos Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) y Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), y las Cámaras alta y baja, además del Ministerio del Interior y de Justicia.
