La situación de las cárceles entra y sale de las noticias, como si fuera una hoguera que se puede prender y apagar con un interruptor.
Esta exposición esporádica se debe a la existencia de los muros. Están ahí, justamente, para garantizar que el mundo exterior no se entere de lo que pasa tras las rejas.
Sin embargo, en la prisión, la hoguera no merma.
Día tras día el hacinamiento carcome el cuerpo y el espíritu de miles de hombres y mujeres presos.
Día tras día el Estado mantiene en edificios decrépitos a miles de humanos como vacas rumbo al matadero.
El espacio ardiente de sitios que llaman Bellavista y Villahermosa destruye minuto a minuto la humanidad de jóvenes que se vuelven viejos en el encierro.
Segundo tras segundo, la vida de un preso transcurre bajo peligro de enfermedad o de muerte. El encierro en estas condiciones vuelve loco a cualquiera.
Para los que estamos afuera es fácil ignorar lo que pasa adentro. No hay que pensarlo mucho.
Los presos están detrás de los muros, contenidos y aislados. Sus gritos de desesperos no se oyen. Algunos pensarán: que griten, se lo merecen.
Poco tengo para debatir con quienes piensan que las acciones violentas de los seres humanos deben tener una respuesta igualmente violenta o dañina.
No exculpo el comportamiento criminal de nadie, pero no creo que el sistema de administración de justicia deba comportarse de manera criminal en su respuesta a la delincuencia.
No me gusta la cárcel, para nadie, pero también reconozco que es un mal social necesario.
Ante ausencia de alternativas viables, acepto la prisión como una (no la única) respuesta a ciertas conductas humanas.
Me empeño en promover debates constructivos para que el encierro institucional respete las reglas de juego -eso que los abogados llaman el debido proceso- y para que la detención se cumpla bajo ciertas condiciones, incluyendo el respeto de los derechos (predicados pero ignorados).
La situación de las cárceles volvió a las noticias el miércoles pasado como resultado del debate de control político que se adelantó en el Congreso.
Después de las intervenciones de algunos parlamentarios, la Ministra de Justicia reconoció el estado de cosas inconstitucional de las prisiones.
Fue breve, pero con seriedad reconoció la situación y manifestó la necesidad de actuar.
De su intervención, es claro que no sabe qué hacer pero que reconoce la situación explosiva. ¡Algo es algo!
Posteriormente, intervino el Director General del INPEC, brigadier general Gustavo Adolfo Ricaurte. No fue breve.
En su intervención dijo lo uno, lo otro y todo lo contrario.
Su incoherencia e inconsistencia ameritan profundas reflexiones sobre su desempeño.
El General no habla bien y acepto que puede estar nervioso, pero nada excusa las cosas que dijo.
Por ejemplo, volvió a manifestar que en las cárceles colombianas no hay hacinamiento porque, según él, “en términos académicos, el hacinamiento sólo se produce después de que el sistema dobla su capacidad”.
Igualmente, advirtió que, como están las cosas, es peligroso hablar de derechos humanos en las cárceles.
Ricaurte vociferó que el hacinamiento “aumentará y empeorará”. Su gran solución fue un llamado al relativismo y a la aceptación de la ilegalidad: “hay que buscar plazos razonables para llegar a niveles de hacinamiento razonables”.
Creo que este tipo de afirmaciones sólo puede tener una reacción: ¡Plop! (Como en Condorito, por si queda duda).
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