El Centro de Servicios Judiciales de Medellín instauró una denuncia penal en la Fiscalía, por los hechos que derivaron en la supuesta salida irregular de la cárcel de alias “la Negra”, presunta cabecilla financiera de la organización criminal “los Urabeños”.
Voceros de este organismo explicaron a El Colombiano que el pasado 26 de diciembre llegó a la oficina un despacho comisorio, firmado por la secretaria del Juzgado Promiscuo Municipial de Canalete, Córdoba, en el cual se notificaba la decisión de revocar la medida de aseguramiento existente contra cuatro personas.
Se trataba de Nini Johana Úsuga David, alias “la Negra”; Rafael Uribe Nieto, apodado “el Flaco”; Wálter de Jesús Castrillón Jaramillo y Merardo Peña Bautista, quienes habían sido capturados por la Policía el 12 de diciembre, en un operativo contra la estructura financiera de la banda más poderosa de la actualidad.
Funcionarios del Centro de Servicios hicieron las verificaciones respectivas, llamando primero al Juzgado. “Contestó la secretaria, y le informamos que para validar el despacho comisorio, era necesaria la firma del juez titular”, indicó la fuente, quien solicitó la reserva de su identidad.
A las 4:45 de la tarde del mismo día llegó el nuevo documento, signado por el servidor público. Otra vez se comunicaron por teléfono, y esta vez hablaron con un hombre que se identificó como Ángel Alfredo Castro Durán, juez promiscuo municipal de Canalete, quien manifestó que ese día hubo audiencia de control de garantías y él decidió avalar la petición de revocatoria de la medida de aseguramiento.
El Centro de Servicios verificó además que en la página de internet de la Rama Judicial apareciera registrado el juzgado y el funcionario en cuestión, lo cual fue positivo, por lo cual procedió a expedir las boletas de libertad para las cuatro personas. El 27 de diciembre, “la Negra” y los tres hombres salieron de la cárcel El Pedregal de Medellín.
El escándalo
El problema se suscitó porque, para la Fiscalía, se trató de un evento irregular. Así lo indicaron fuentes del ente acusador a este diario. De acuerdo con la investigación preliminar, la reclusa se habría valido de una falsa orden de revocatoria de la medida de aseguramiento en su contra para salir de la celda.
La Fiscalía se enteró de lo sucedido este martes, cuando el abogado defensor de la imputada fue a la prisión y el Inpec informó que ya la habían liberado por orden de un juez de Córdoba. "El abogado ni siquiera había solicitado ese trámite", indicó un funcionario cercano a la situación, cuya identidad se reserva por seguridad.
Nini Úsuga es hermana de Dairo Antonio Ùsuga David, alias "Otoniel", el presunto líder de la banda criminal "los Urabeños" y a la vez el supuesto narcotraficante más buscado de Colombia, por quien el Departamento de Estado de E.U. ofrece 5 millones de dólares de recompensa.
Cuando fue capturada en su apartamento del barrio Los Colores, en el occidente de la capital antioqueña, los investigadores encontraron más de mil millones de pesos encaletados y municiones para arma de fuego.
También allanaron fincas suyas en los municipios de La Ceja y Sampués (Sucre), donde usando máquinas retroexcavadoras desenterraron cantinas de leche repletas de dinero.
Sumando la plata decomisada ahí, con la hallada en el apartamento de Laureles de "el Flaco", y la residencia de La Castellana de una compañera sentimental de "Otoniel", las autoridades le quitaron cerca de 8 mil 500 millones de pesos al clan Úsuga.
En la audiencia de control de garantías, la Unidad Nacional contra las Bandas Emergentes les imputó cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito, lavado de activos y porte ilegal de armas. Ninguno los aceptó, y el juez de garantías les dictó medida de aseguramiento en la cárcel.
En estos momentos, el ente acusador trabaja en la solicitud de nuevas órdenes de captura para estas cuatro personas.
Por su parte, servidores del Centro de Servicios Judiciales de Medellín instauraron una denuncia penal en la Fiscalía, en la cual se involucra al Juzgado Promiscuo Municipal de Canalete. Por tal motivo, se investiga si los documentos remitidos desde allá para la liberación de “la Negra” son falsos o no.
El Colombiano se comunicó con ese despacho, pero una grabación responde que “la línea está suspendida temporalmente”.
Investigación disciplinaria
El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), a través de un comunicado, destacó que “el área jurídica del establecimiento revisó la documentación allegada con la que se ordenaban las libertades, constatando su legalidad. Así mismo, realizó las verificaciones pertinentes para establecer si estas personas tenían algún requerimiento judicial, determinando que no existían pendientes”.
Agregó que “el director del Inpec, general Saúl Torres, ordenó una investigación disciplinaria para determinar si hubo eventuales irregularidades”.
