HISTÓRICO
INPEC: ¿SÍNTOMA O CAUSA?
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    INPEC: ¿SÍNTOMA O CAUSA? |
Por MICHAEL REED HURTADO | Publicado el 02 de noviembre de 2014

Las cárceles están ardiendo; arden desde hace años y a nadie parece importarle. En 2012, antes del brote actual de crisis, las voces de alarma lograron alguna atención de los funcionarios de turno del Ministerio de Justicia. Visitaron algunas prisiones y se espantaron con lo que vieron. Prometieron que la solución estaba a la vuelta de la esquina con la construcción de más cárceles. Cupos y más cupos, esa es la promesa inmarcesible.

Por otro lado, los policías que para esa fecha dirigían el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), trataban de tapar la inmundicia con jabón y trapero, y algo de pintura. Confrontados con el creciente hacinamiento, estos optaron por la negación literal: "no hay hacinamiento" afirmaba el mayor general (r) Gustavo Ricaurte, inventándose una fórmula delirante para medir la sobrepoblación. El comportamiento de ese director general era igual al de los niños que han dañado algo e intentan esconder la ruina: se ponía nervioso, mentía, pero tapaba y tapaba. Tapó tanto que logró trasegar el largo sendero de denuncias de corrupción y de trato inhumano en las cárceles hasta salir de la institución como el héroe que lo había entregado todo para que el sistema saliera de la crisis.

En el anterior brote de crisis, la respuesta más pública al eterno problema carcelario fue la reforma normativa. Como corresponde en este país de leyes, ante un problema social que genera pérdida humana, la respuesta se busca a partir de leyes. ¡Y la ley se hizo! Fue promulgada en enero de 2014 la Ley 1709: "el mejor código del mundo", según Ricaurte. Con los nuevos 107 artículos, las cárceles colombianas iban a brillar.

Pero el código ni es el mejor ni es el peor. Las códigos carcelarios colombianos desde 1934 son más o menos aceptables. Hay algunas disposiciones plenamente desviadas, pero en general, el problema carcelario no tiene que ver con el contenido de las normas sino con su incumplimiento sistemático y generalizado.

El primer paso que se debe dar es dotar a los administradores de las prisiones con recursos (materiales y humanos) suficientes para aplicar la ley. Sin fondos y sin personal apropiados no se puede administrar el encierro institucional. Para determinar el presupuesto de la administración carcelaria en Colombia nunca se ha hecho un estudio serio que establezca el costo real de administrar las prisiones aplicando a cabalidad la ley.

El segundo aspecto básico que se debe atender es la sobrepoblación, más aún en el contexto de sobrepoblación extrema que califica la vida en prisión en Colombia. El hacinamiento obstaculiza la función pública, carcome a las personas sometidas al encierro inhumano y genera inseguridad. Puesto de manera sencilla: en condiciones de hacinamiento extremo no hay administración carcelaria que valga. La respuesta a la sobrepoblación no puede ser la construcción de más cárceles. Esta fórmula se viene aplicando desde la década de los noventa sin que se haya podido reversar la tendencia del hacinamiento.

En vez de tomar medidas populistas, como la de liquidar el Inpec, los políticos de turno deben asumir la responsabilidad de encarar la crisis eterna del sistema penal colombiano. El problema no es el Inpec; este se deriva, entre otros, de los policías, los fiscales, los jueces, los políticos, y la defensa pública.

El problema es sistémico. La manera como funciona el Inpec es un síntoma de la crisis, no es su causa.