Entre los oferentes se encuentran empresas de Estados Unidos, China y Francia. De Colombia están la Empresa de Energía de Bogotá y el consorcio conformado por Empresas Públicas de Medellín y la brasileña Cemig.
Esta amplia participación denota el interés que suscita entre el sector privado el hacerse con el paquete de acciones que está a la venta y que le daría el control de la empresa. Igualmente, es un reconocimiento al trabajo realizado por Isagén en todos estos años, a los logros obtenidos y a la capacidad de gestión desplegada.
No obstante lo avanzado del proceso, el mismo viernes 27 de marzo el Consejo de Estado, a través de la Sección Primera del alto tribunal, decretó medidas cautelares de urgencia que suspenden provisionalmente la venta de las acciones mientras se toma una decisión de fondo. La medida se dio luego de que dicha Sección aceptara la demanda presentada por la Red por la Justicia Tributaria.
En la acción presentada se indicó que con la decisión del Gobierno se incurrió en un detrimento patrimonial así como en un daño irremediable para la Nación y el interés general. Esto en razón a que se considera que Isagén es la tercera generadora de energía eléctrica del país, presenta superávit, es eficiente financieramente y constituye un activo que genera dividendos para la Nación.
Esta última razón desconoce el hecho de que desde el punto de vista del beneficio social no bastan los resultados financieros de las empresas en las que participa el Estado, los cuales deben ser los mejores posibles, sino que, además, es necesario que dichos activos generen el mayor beneficio para toda la sociedad.
De allí que, según el Gobierno, se quieran invertir los recursos derivados de la venta de Isagén en el desarrollo de la infraestructura, factor que, por falta de una adecuada inversión pública, se ha convertido en el mayor cuello de botella del desarrollo del país.
En estas condiciones, dichos recursos, invertidos en infraestructura, pueden significar un mayor beneficio social que mantenerlos en una empresa que, aunque rentable, se desenvuelve en un sector que muestra importantes avances.
Entre estos están: su alto grado de madurez; la presencia de empresas con capital privado que le aportan positivamente a su desarrollo; y una regulación adecuada que asegura que la senda de desarrollo que debe seguir el sector responda a los intereses de todos los colombianos y no sólo al de los participantes privados.
Esto hace que la presencia directa del Estado en la generación de energía ya no sea necesaria. Su tarea principal en este campo será estar vigilante de que la regulación y el ente regulador efectivamente establezcan los marcos de incentivos que aseguran el bienestar general.
Cabe esperar entonces que el Consejo de Estado resuelva pronto la situación planteada y se le dé vía libre al proceso de venta de Isagén que bien puede significar un importante apalancamiento al crecimiento y el desarrollo del país.
ISAGÉN ES UN ACTIVO ESTRATÉGICO Y SU VENTA VULNERA DERECHOS COLECTIVOS
Por Guillermo Rodríguez
Abogado representante del expresidente Uribe en su demanda a la venta de Isagén
El Consejo de Estado examinó una acción de nulidad que tenía unos argumentos diferentes a la acción que yo interpuse que se encuentra en el Tribunal de Cundinamarca.
Esta medida cautelar es muy importante porque nos da elementos judiciales nuevos en el proceso que yo adelanto en representación como abogado del expresidente Álvaro Uribe en el caso Isagén, donde esperamos decisiones de fondo. Este es un antecedente.
Y los argumentos son varios, porque se están vulnerando seis derechos colectivos. Pero la columna vertebral de nuestra demanda contra esa venta es que Isagén es un activo estratégico.
Y es estratégico para la seguridad nacional, para la salubridad y la salud pública, es estratégico para los servicios públicos, para la regulación energética. La orientación jurídica de la demanda es la de modular esta acción con los intereses colectivos que están siendo vulnerados: patrimonio público, pues se hizo una valoración apócrifa, que no está de acuerdo con el negocio que tiene Isagén. Otro es el de la moralidad administrativa, pues existen falsas motivaciones para la enajenación. Isagén no le está generando pérdidas al Estado.
Y el tema ambiental reviste en este caso una gran importancia y el Estado tiene aquí una gran responsabilidad social.
