El magistrado de la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá, Luis Fernando Ramírez, profirió ayer medida de aseguramiento contra la exdirectora del DAS, María del Pilar Hurtado, asilada en Panamá desde noviembre de 2010.
A pesar de que la Fiscalía también había pedido medida de aseguramiento contra el exsecretario general de la Presidencia, Bernardo Moreno, el magistrado Ramírez no la aceptó por considerar que el exfuncionario no es un peligro para la sociedad.
La exdirectora del DAS fue imputada con los cargos de concierto para delinquir agravado, violación ilícita de comunicaciones, abuso de función pública, peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público.
El magistrado Ramírez afirmó que la Fiscalía pudo demostrar que los seguimientos ilegales que se presentaron en este organismo de inteligencia tuvieron lugar desde mucho tiempo antes de la llegada de Hurtado a ese cargo. Agregó, sin embargo, que la funcionaria no hizo nada por evitarlo y, además, las impulsó durante su gestión en el cargo.
Luego de que el juez emita la orden de captura, la Fiscalía y la Policía deben hacerla efectiva. Sin embargo, dado que la exfuncionaria está asilada en Panamá, su detención requiere un trámite diplomático que se realiza a través de la Cancillería y, simultáneamente, mediante la expedición de una circular roja de la Interpol.
La agencia AP informó que la Cancillería colombiana había manifestado que tan pronto las autoridades judiciales anunciaran su decisión respecto a María del Pilar Hurtado, pedirá al Gobierno panameño su extradición.
No obstante, es previsible que el presidente de Panamá, Ricardo Martinelli, no acepte este pedido de extradición.
Jaime Camacho, abogado de la exdirectora del DAS, planteó dentro de sus alegatos, una justificación a los seguimientos que se realizaron a la exsenadora Piedad Córdoba y a la Corte Suprema de Justicia. El defensor dijo que estos seguimientos son, "probablemente, las operaciones más legítimas en la historia de ese organismo".
Posición de la Procuraduría
La Procuraduría General de la Nación había manifestado en la misma audiencia su aprobación a la solicitud de medida de aseguramiento en contra de María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno.
El procurador primero para el juzgamiento penal, Jorge González, le solicitó al magistrado Ramírez que avalara la medida de aseguramiento en contra de los dos exfuncionarios "al considerar que sus actividades recubren de una gravedad" y que cumplen con los requisitos normativos que presentan que pueden evadir la justicia "escapando" del país.
Sin embargo, Moreno no fue cobijado con la medida.
Para el magistrado, contrario a lo dicho por la Fiscal General, Moreno no representa un peligro para la sociedad y se le debe respetar la presunción de inocencia hasta tanto se llegue a la etapa de juicio.
Moreno, quien se encontraba en la sala de audiencia, se abrazó con su abogado Jaime Granados, una vez conocida la decisión del juez.
Ni la fiscal general, Viviane Morales, ni el representante de la Procuraduría o Ministerio Público presentaron recursos contra la decisión de Ramírez.
Pero varios abogados de las víctimas del espionaje sí solicitaron al juez reponer o revertir su fallo.
Los dos exfuncionarios son investigados por su posible responsabilidad en dar órdenes para que se realizaran seguimientos e interceptaciones telefónicas ilegales perpetradas desde el organismo en contra de magistrados, periodistas, defensores de derechos humanos y políticos de oposición.
María del Pilar Hurtado y Bernardo Moreno ya fueron destituidos e inhabilitados por la Procuraduría por 18 años para ejercer funciones públicas por su responsabilidad disciplinaria en el escándalo de las interceptaciones.
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