Entre tres y seis meses podría alargarse el juicio contra el coronel en retiro Luis Alfonso Plazas Vega, por los delitos de desaparición forzada y secuestro agravado en el proceso por el Holocausto del Palacio de Justicia.
Este martes, el juez primero de Instancia de Divisiones del Ejército, mayor retirado Mauricio Cujar Gutiérrez, envió una solicitud a la Juez Tercera Especializada de Bogotá, Stella Jara, para que sea su despacho el que adelante el proceso contra el militar.
“Las conductas que están siendo investigadas fueron originadas en una Operación Militar, y sólo en la medida que se verifique la real ocurrencia de las conductas de desaparición o secuestro, es que la competencia puede designarse a la Justicia Ordinaria”, señala el juez militar en un aparte de la petición, de 24 páginas.
Advierte además este juzgado que en coronel Plazas Vega, entonces Comandante de la Escuela de Caballería, actuó dentro de la operación militar, teniendo como función específica llevar el esfuerzo principal del combate con los vehículos blindados, el día 6 de noviembre de 1985, para facilitar el ingreso de las tropas y rescatar a los rehenes.
El coronel (r) Plazas Vega afirmó que el país lo vio en las imágenes de televisión uniformado, cuando estaba dirigiendo la operación.
“Tenía el uniforme y las armas de la República. Allí rescatamos a más de 260 personas y cumplimos con las órdenes del Presidente de la República. ¿Entonces por qué me juzga la justicia ordinaria, si los delitos cometidos por los militares los conocen las cortes marciales?”, manifestó Plazas.
Por su parte, Jorge Molano, representante de las víctimas, manifestó que pedirá que se investigue penalmente al Juez Penal Militar que propuso una coalición de competencias en este proceso.
“Es un hecho totalmente arbitrario. Ya la Corte Constitucional y los tribunales internacionales han dicho que la Justicia Penal Militar nunca puede investigar, ni juzgar los crímenes de lesa humanidad”, indicó.
El jurista manifestó que se esperaba conocer la sentencia contra Plazas Vega en menos de un mes y ahora podría tardarse entre tres y seis meses.
“El Código de Procedimiento Penal establece que no es posible dictar sentencia hasta que el conflicto de competencias no sea resuelto”, indicó.
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