La decisión de la Corte Internacional de Justicia de La Haya, el 19 de noviembre de 2012, dejó un trago amargo en Colombia luego que le fueran adjudicados cerca de 75 mil kilómetros marítimos a Nicaragua en un dilatado proceso en el que se vieron comprometidos los últimos gobiernos de nuestros país.
El dolor por la arbitraria decisión y la entrega de solo siete cayos a Colombia tejió un sin número de versiones que señalaban a varios responsables de la supuesta mala gestión para defender la soberanía de una gran porción de mar que siempre había sido aprovechada por Colombia.
El histórico fallo emitido en aquella mañana de noviembre inició un estado de incertidumbre que no termina. Casi un año después, y con un país que no ha podido digerir la histórica decisión, el presidente Juan Manuel Santos señaló que el fallo es inaplicable y que solo a través de un tratado en el que se pongan en común acuerdos, se aceptará la decisión tomada en La Haya.
Varios analistas internacionales coinciden en señalar que frente a la decisión unilateral de la CIJ no hay defensa, es decir, para Colombia no existe la posibilidad que le sean devueltos esos miles de kilómetros que, aunque siempre estuvieron bajo la soberanía colombiana, nunca se había establecido al país como legítimo dueño de esa porción de mar.
“Jurídicamente, la delimitación que existe es la que determinó el fallo de la Corte Internacional de Justicia gústele o no a Colombia, porque la Corte delimitó lo que no estaba delimitado. Es falso y aunque el Gobierno colombiano diga que el meridiano 82 es límite marítimo de nuestro país”, precisó Andrés Molano, director del Observatorio de Política y Estrategia en América Latina de la Universidad del Rosario.
Los rechazos a la decisión de la CIJ se escucharon en todos los ambientes políticos de Colombia. Era inaudito aceptar que lo que siempre había sido declarado territorio colombiano le fuera entregado a otro país en un fallo que muchos aún no entienden y sobre el cual reclaman una defensa que, según los expertos, no existe.
“La palabra defensa ya no cabe. No tiene sentido hablar de defensa, porque no estamos en etapa de descargos ni en momento de alegar. Hay un error del Gobierno que no le ha explicado a la gente en qué consiste el fallo, solamente se dedicó a fustigar a los magistrados de la Corte, pero nunca hubo una pedagogía para explicarle al ciudadano del común exactamente qué había dicho la Corte en 2012”, explicó Mauricio Jaramillo, experto en temas de relaciones internacionales.
A Colombia, coinciden Molano y Jaramillo, solo le queda aceptar el fallo y sobre él iniciar las conversaciones para un tratado con Nicaragua en el que se dejen establecidos derechos y deberes de las dos naciones frente a la demarcación establecida hace un año y que la defensa sobre la que habla Colombia es solo un tema de demagogia política que no es viable.
La única salida
"El fallo de La Haya, Colombia tarde que temprano lo tiene que cumplir. No hay forma de modificarlo ni nada que se parezca”. Así lo expresó Ricardo Abello, máster en derecho Internacional, que solo le ve una salida diplomática a el litigio entre las dos naciones.
Y es que ir en contravía de la decisión de La Haya podría derivar en muchos problemas para Colombia en el plano exterior. Sería un suicidio político para un país ir en contra de una medida tomada por un tribunal internacional y condenaría a la Nación a unos castigos severos dentro y fuera de la región latinoamericana.
“Las implicaciones pueden ser dos, una de ellas la bilateral, en la que podría llegar a romper relaciones con Nicaragua. Y la multilateral, porque Nicaragua buscaría y tendría derecho a llevar esto ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas y pediría apoyo para que se cumpla este derecho internacional. Este es un continente tremendamente legalista, el más legalista del mundo, y no creo que haya estados que se pongan del lado de Colombia”, aseguró Jaramillo.
Uno de los argumentos que planteaba el presidente Santos para presentar como salida a la decisión era la de una integración con otros países que se verían perjudicados por el fallo y la campaña expansionista de Nicaragua ante la creación de un canal interoceánico del cual ya se conoce que será ejecutado. Sin embargo, estas naciones hicieron caso omiso.
“Panamá y Jamaica no se unieron y Costa Rica está ahí porque tiene una serie de procesos con Nicaragua. Ahí hay un interés directo de Costa Rica en buscar un apoyo, de resto no hay respaldo”, subrayó Abello.
Con un plano político desfavorable, los tres analistas coinciden en que la mejor salida para el país es aceptar el fallo y establecer una serie de tratados con Nicaragua en los que se respete el derecho internacional, además que se dejen sentados acuerdos en materia económica, ecológica y de protección a los pescadores artesanales de San Andrés y Providencia que se vieron perjudicados por la nueva delimitación.
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