Sin ánimo de defender el sistema de salud colombiano, puedo decir que no existe uno perfecto en ningún lugar del mundo. Hay estructuras mejores que otras y las falencias a este nivel en nuestro país generan violencia entre todos sus actores, los más perjudicados sin duda somos los pacientes y los trabajadores en el área de la salud.
Una relación médico-paciente basada en la desconfianza es el resultado de la ley 100 de 1993, escuchar a los usuarios su desinterés en la consulta oportuna es el pan de cada día, “es que solo mandan acetaminofén”, “para qué voy a consulta si al médico no lo dejan mandarme los exámenes que necesito”, dicen.
La realidad
Involucrar administradores privados en la salud ha transformado este servicio. Un derecho fundamental que debería ser garantizado a todos los ciudadanos por igual se ha convertido en un negocio lucrativo que debe dejar ganancias de índole económico, el rol del usuario o paciente se desdibuja y pasa a ser un cliente, uno que debe pagar para que su derecho a la salud no sea vulnerado.
Para aquellos quienes cuentan con el suficiente capital esta situación no representa un problema, pues podrá acceder a todos los servicios médicos con los más altos estándares de calidad a través de su póliza de medicina prepagada.
Quienes pertenecen a la clase media colombiana tienen la situación medianamente resuelta, pues se les garantiza el acceso a unos servicios básicos, supeditados a una lista que el gobierno nombra como Plan Obligatorio de Salud (POS).
Los que tienen más dificultades son aquellos “clientes” que no tienen como pagar los servicios de salud, quienes pertenecen al régimen subsidiado se convierten en mendigos del sistema en espera de citas médicas inalcanzables, sin mencionar el acceso a la atención por los especialistas y las ayudas diagnósticas de alto costo. Como quien dice, el que puede pagar tiene asegurada la prestación de servicios en salud, y el que no, tendrá que apelar a la caridad médica.
Hay quienes argumentan que nuestro sistema de salud se está desangrando, que existen muchos usuarios que no aportan lo suficiente para obtener servicios de alto costo, y que si no se realiza una reforma al sistema de salud, más temprano que tarde habrá un colapso del mismo. Quienes trabajamos a diario en contacto con los pacientes y sus padecimientos entendemos que esta reforma debe convertirse en un hecho, pero no pasando por encima de los derechos de las personas, tanto de los usuarios como de quienes por vocación nos dedicamos al servicio de la salud.
Los costos
Y es que a simple vista se entiende que una población saludable consulta menos, y por ende los costos en el sistema de salud disminuirían.
Tal planteamiento cuestionaría el interés que existe en nuestro medio por la inversión que se realiza en salud año tras año en nuestro país, donde el enfoque va dirigido a la atención de los pacientes enfermos y a su rehabilitación, basados en lo anterior, este sistema incluso estaría mal nombrado, en lugar de llamarse Sistema de Salud debería conocerse como Sistema de Enfermedad.
¿Porqué el dinero no alcanza para soportar tanto enfermo? ¿De quién es la responsabilidad de brindar información oportuna para permitir a los pacientes empoderarse de sus salud? ¿Si en la reforma a la salud se habla de corresponsabilidad, como el término lo indica, la mitad de la responsabilidad es del paciente y de quién sería la otra? A decir verdad son muchas preguntas que hasta el momento no tienen una respuesta satisfactoria.
Si el problema son los enfermos, entonces, ¿cuál es la razón para no invertir un mayor capital en programas que eviten que esto suceda? Y no me refiero a campañas mal diseñadas, sin investigaciones rigurosas previas, justificadas para la inversión de los dineros del Estado destinados a tal labor ¡No!
Estoy hablando de grupos interdisciplinarios, que basados en proyectos con una sustentación académica adecuada, realicen proyectos de alto impacto y que generen un cambio social. Y como en nuestro país estamos acostumbrados a que los dirigentes políticos se adjudiquen los proyectos con buen término, pero evadan la responsabilidad de los fracasos culpando a las administraciones pasadas, ahí sí tenemos un gran problema, porque la responsabilidad de informar en términos de salud a la comunidad no es de nadie, el gobierno dice que son la Entidades Promotoras de Salud (ESP) quienes tienen esta obligación, las EPS dicen que son las Instituciones Prestadoras de Servicios (IPS) y así, todos terminan tirándose la pelota, y en última instancia, quien paga los platos rotos es el paciente.
¿Existe el dinero suficiente para mantener la salud de los colombianos como un derecho fundamental, garantizando la atención de todos por igual? Eso tendríamos que preguntárselo al gran número de entidades privadas que administran nuestra salud, algunas con grandes financieras, clínicas lujosas con grandes fachadas pero poca calidad en la atención, que han sido motivo de investigación por grandes desfalcos que tienen cifras exorbitantes, donde los ceros a la derecha no me cabrían en el espacio de este artículo.
De pronto ellos tienen la respuesta.
