El consumo de drogas en Colombia es un problema enmarcado, no sólo en la lucha contra el narcotráfico, sino también en su relación con los fenómenos de violencia social y familiar, en los cuales los adolescentes suelen ser protagonistas. Ya que la Cumbre Antidrogas llevada a cabo en Cartagena de Indias y las palabras reiteradas del Presidente Uribe acerca de la necesidad de penalizar la dosis personal, ponen nuevamente el tema sobre la mesa, vale la pena dar una mirada a la otra cara de la moneda, aquella que, en los ambientes políticos casi nunca se aborda, y que tiene que ver con los efectos del consumo.
Hay una contradicción evidente entre la penalización del narcotráfico y la despenalización de la dosis personal, la cual, nombrada como corresponde, es consumo de drogas y, en extenso, aceptación del narcotráfico. Asimismo, parece incoherente que la Constitución Nacional rece que Colombia es un Estado Social de Derecho, donde prima la protección del bienestar social sobre los caprichos individuales, al tiempo que se pone en riesgo a la familia y la sociedad permitiendo el consumo de drogas a cualquiera, desconociendo los efectos de enajenación y falta de control de las pulsiones que esto provoca.
Los adolescentes son quienes tienden a perpetuarse en el consumo, al cual acceden por múltiples razones, debido a la falta de criterio y fuerza de voluntad para detenerse y a la búsqueda permanente de novedades y de cualquier fuente de placer. El consumo de drogas crea dependencia física y psicológica y conduce a una vida salida de los límites de lo real, caracterizada por la pérdida paulatina de conciencia de los límites y por la destrucción de sí mismo y del ambiente que rodea al consumidor. Las relaciones personales, con la familia, los amigos y la pareja, se ven afectadas por discusiones frecuentes y sin sentido, alteración del estado de ánimo, obstrucción de la comunicación, pérdida de confianza, alejamientos o rompimientos. La disposición en el trabajo provoca baja productividad, malas relaciones con los compañeros y peleas permanentes con la autoridad. La consecución del dinero se convierte en una obsesión con la finalidad de adquirir las drogas para su consumo, llegando, inclusive, a agredir y quebrantar la confianza de los más cercanos. Lo conveniente y benéfico del consumo de droga es nulo.
Ratificar la despenalización de la dosis personal va en contravía con el respeto por la dignidad humana y la conservación de la salud y la vida digna de los colombianos. El número de actos delictivos aumenta considerablemente en los lugares donde más droga se consume, así como la participación de menores en dichos actos, sin mencionar el aumento progresivo de las problemáticas psicosociales y afectivas de los niños y los jóvenes en los colegios, ligados al consumo de drogas. Así, pues, despenalizar la dosis personal corresponde a legalizar y legitimar su consumo generalizado e indiscriminado. Mientras los docentes luchan en la escuela y los padres en la casa por alejar a los niños y adolescentes del consumo de drogas, la legislación colombiana predica exactamente lo contrario, afectando a los sujetos más vulnerables.
El problema de la dosis personal en Colombia, que ahora reaparece en el panorama nacional, es más que un problema o dilema político en el que se mueven fuerzas e intereses de tipo económico. Se trata de un problema ético en el cual el Gobierno tiene la obligación de tomar posición radical de protección de la vida de los colombianos, principalmente de niños y jóvenes.
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