Un reporte de la Fiscalía, a tres semanas de los comicios regionales, precisa que en lo que va corrido del año se han registrado 80 amenazas, 21 homicidios, ocho atentados y seis secuestros de aspirantes a cargos de elección popular y mandatarios locales.
El reporte, que recoge cifras de 23 oficinas seccionales del CTI de la Fiscalía, sostiene además que se han denunciado dos extorsiones, y otros tres hechos están por establecer, para completar un total de 120 hechos de violencia política en el país.
Los hechos no han sido atribuidos a ningún grupo armado.
El Valle con 21 casos; Cauca, con 10; y Santander con nueve, son los departamentos más afectados. Les siguen Tolima y Antioquia con ocho casos cada uno, Norte de Santander, con seis; y Risaralda, con cinco.
El informe de la Fiscalía sostiene que entre los funcionarios de elección popular los alcaldes son las principales víctimas. En 2011, nueve fueron amenazados, uno fue asesinado y otro más fue secuestrado. Con respecto a los concejales siete recibieron amenazas, seis fueron asesinados y uno fue secuestrado.
En relación a los candidatos a alcaldías, el reporte de la dirección nacional del CTI precisa que 49 han recibido amenazas, siete fueron asesinados, cinco blanco de atentados, cuatro fueron secuestrados y a dos los extorsionaron.
Mientras que los que aspiran a los concejos y asambleas 11 han recibido amenazas, siete fueron asesinados, y contra tres más se produjeron atentados. Solo un candidato a gobernaciones ha recibido amenazas.
Plan democracia
La última semana de septiembre comenzó las Fuerzas Militares y la Policía comenzaron el Plan Democracia con el cual se pretende blindar las elecciones.
Según el ministro del Interior, Germán Vargas, se encontraron riesgos en 76 municipios, siendo las Farc el grupo que más amenazas representa, lo que no quiere decir que el Eln y las bandas criminales al servicio del narcotráfico no generen peligro.
Los departamentos con mayor riesgo de violencia y delitos electorales son: Chocó, Valle y Arauca.
Se puso en funcionamiento un Centro Integrado de Inteligencia en el que se hace seguimiento a los delitos electorales.
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