Un gran acuerdo nacional para lograr la efectividad de la Ley de Restitución de Tierras le propuso el ex candidato presidencial, Gustavo Petro, al presidente de la República Juan Manuel Santos.
En un foro sobre Restitución realizado en la Universidad San Buenaventura, de Medellín, Petro reiteró su apoyo a la iniciativa del Gobierno Nacional.
Sin embargo, aprovechó para hacerle varias sugerencias al proyecto de Ley. Este diario habló con Petro sobre la propuesta, las garantías que se le deben brindar a los campesinos y la situación jurídica para quienes deben entregar las tierras.
¿Cuál es su posición frente al proyecto de ley de Restitución de Tierras?
"El Gobierno ha presentado un proyecto avanzado. No es perfecto y le hemos hecho saber una serie de inquietudes porque los poseedores de esos millones de hectáreas tienen poder político, económico y militar legal e ilegal. Y van a responder con violencia frente a este proceso. A nivel nacional esto puede desencadenar una nueva oleada de violencia. Por eso le hemos propuesto al Gobierno un mecanismo complementario para resolver esa situación. Hacer una nueva política antinarcóticos que le permita al usurpador de la tierra una salida jurídica que lo beneficie y que lo lleve a entregar voluntariamente la tierra. Una justicia transicional para el narcotráfico en Colombia. Hay que ser sinceros en estos términos: quienes se quedaron con la tierra son los narcos".
¿Usted está proponiendo algo parecido a la Ley de Justicia y Paz?
"Es parecido. Mire, los narcos en el país encontraron la manera más fácil de lavar sus activos a través de la tierra. Ahí está el corazón del asunto. Si se entrega la tierra, si se desmantela la actividad narcotraficante pueden, de manera definitiva, recibir beneficios jurídicos, incluida la no extradición. Es un paquete de reformas a la política antinarcóticos".
¿Pero usted se imagina la posición que va asumir Estados Unidos si el Gobierno acoge lo que usted está diciendo?
"Lo que está pasando en Estados Unidos con el tema de la droga es importante. Ellos ya están hablando del replanteamiento de la política antinarcóticos. En la justicia estadounidense, el narcotraficante colombiano ya tiene la posibilidad de una negociación judicial. Confiesan sus delitos y entregan sus posesiones a cambio de rebajas de pena. La posibilidad de renegociar existe. Si eso lo retomamos y lo incluimos en la ley de tierras podríamos alejar la posibilidad de la violencia. Pero el Gobierno todavía no acepta este principio".
¿Por qué dentro de los partidos de Gobierno surgió la mayor oposición a esta iniciativa que busca devolverles dos millones de hectáreas a los campesinos afectados por la violencia?
"La oposición surgió tanto en la extrema izquierda como en la extrema derecha. Esa es la paradoja. Desde el lado de la izquierda algunos dicen que no van aprobar ese proyecto esperando que se haga más. Y otros, desde el Partido de la U, empiezan a colocarle trancas al desarrollo de la iniciativa. Sin embargo, creo que el proyecto va salir adelante. Esas posiciones parlamentarias no van a ser lo suficientemente fuertes para imponer sus condiciones".
¿Qué piensa de las garantías reales que el Gobierno ha implementado para que no se repitan los ataques a campesinos que reclaman sus tierras. Tal y como está pasando en Urabá?
"Los ministerios de Defensa y de Agricultura aseguraron que se desplegará la Fuerza Pública en los territorios donde se aplicará esta Ley. Pero eso es insuficiente. Las víctimas hoy no tienen garantías, aún con la presencia de los uniformados. Las garantías están en que el proceso sea pacífico y para eso es necesario que se adelante lo que le proponemos al Gobierno. Un proceso de Justicia Transicional con los dueños de estos millones de hectáreas".
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