Otro ruidoso escándalo de grandes proporciones revienta, ante una cansada opinión pública que ya parece haber sacado costra y no sorprenderse con nada. Esta vez, no fue tanto lo novedoso del tema -pues ya había sido puesto en conocimiento de las autoridades competentes desde el Gobierno anterior- sino la espectacular puesta en escena, con anticipado eco radial anunciando con no disimulada excitación la "bomba" que sería divulgada por el propio Presidente de la República y los más altos dignatarios del control y la justicia.
Es un escándalo muy grave. El tinglado mediático armado en la Casa de Nariño para promocionarse como los purificadores de las irregularidades, no puede tomarse tampoco como razón para desestimar las denuncias, ciertamente delicadas y concretas.
Está el país ante un caso donde se conjugan, una vez más, la corrupción pública pero, sobre todo, la corrupción impulsada, tolerada y estructurada desde el sector privado. Varias Empresas Promotoras de Salud (EPS) están debiendo explicaciones muy claras a toda la nación. En esta ocasión, no pueden acudir al conocido llamado a "esperar las decisiones judiciales". Estas, en efecto, habrá que esperarlas, ojalá a la mayor brevedad posible, sin desconocer el debido proceso. Pero no es admisible ahora el silencio como respuesta de quienes están involucrados.
Tampoco el baile de cifras, a cual más imprecisa, disparadas ya sea por el Director de la Policía o por los organismos de control, sobre el monto de los desfalcos, puede desviar la atención del debate público que tiene que hacerse. Evidentemente, las cifras son importantes, pues no deja de ser corrupción por el hecho de que se contabilice en centenas, miles de millones o en billones. Ya la investigación judicial determinará a cuánto ascendió la estafa a todos los colombianos.
El anterior Ministro de Protección Social, Diego Palacio, hace hoy, en este mismo diario, unas precisiones sobre las cifras divulgadas, y aclaraciones en cuanto a la diligencia que, según él, tuvo su administración en denunciar los hechos ante las autoridades competentes. Esas autoridades tendrán, entonces, que explicar qué se hizo, y cómo actuaron quienes ocupaban anteriormente la Fiscalía y la Contraloría.
Se ha mencionado que el origen del problema puede ser la defectuosa regulación normativa del sector salud y de los servicios a cargo de las EPS. Incluso, de una acción de tutela resuelta por la Corte Constitucional en 2007, que extendió más allá de todo límite legal, los servicios a cargo de las EPS, diferentes a los formalizados en el Plan Obligatorio de Salud (POS).
Todo eso será parte del debate. Pero no es, en ningún caso, argumento para justificar los desmanes de muchas EPS y la corrupción de los funcionarios que faltaron a su deber, llenando de desconfianza a una sociedad ya de por sí recelosa. El sector salud deberá someterse a una profunda revisión.
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