Pero en modo alguno se puede concluir que el "caso Petro" sea un asunto terminado. Las consecuencias jurídicas que traerá todo este proceso están lejos de haberse definido, y los efectos políticos apenas comenzarán a verse.
Ha habido grandes traumatismos en la administración de justicia, así como en la confianza ciudadana frente a la seguridad jurídica que ofrece el sistema.
La dispersión e incoherencia de las decisiones judiciales, que llegaron a desconocer abiertamente disposiciones constitucionales y legales claras y expresas, y el abuso en el ejercicio de una acción fundamental para nuestro Estado de Derecho, como es la tutela, son apenas algunas de las nocivas secuelas de haber convertido un proceso disciplinario en toda una operación política e ideológica por parte del alcalde y algunos de sus seguidores.
El alcalde de Bogotá, como cualquier funcionario público (la Constitución no excluye a ninguno), es susceptible de ser investigado penal y disciplinariamente. La Procuraduría General dio trámite a unas quejas elevadas, entre otros, por el Defensor del Pueblo, e inició las diligencias respectivas.
Ante esto, el alcalde Petro y un variopinto equipo de abogados promocionaron su caso como una persecución política, acudiendo para ello a instancias internacionales en las que cuentan con acceso directo y privilegiado, como se demostró el pasado martes 18 de marzo, cuando la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), un organismo no jurisdiccional dependiente de la OEA (la misma que está ciega y sorda ante la crisis venezolana), emitió unas medidas cautelares notificando, de paso, lo que serán sus recomendaciones ante su órgano superior, la Corte Interamericana. Estas consistirán en que el Estado colombiano tendrá que reformar su sistema constitucional, para que una autoridad administrativa no pueda desvincular a un funcionario elegido popularmente.
El debate jurídico es válido. Pero ahora tenemos unas disposiciones legales que hay que acatar, y una Constitución que establece competencias claras para la vigilancia administrativa de las que no puede escabullirse nadie, sea o no reinsertado, sea o no beneficiario de un anterior perdón judicial.
En cuanto a las consecuencias sociales y políticas (que, como decimos, apenas empiezan) las peores se concentran en el mensaje de que todo esto fue una "estrategia contra la paz", y que hay funcionarios que no pueden ser investigados, por haberse reincorporado a la vida civil luego de levantarse en armas contra el Estado. Y conectada con ella, la agudización del discurso manipulador del "oro y la escoria", de los demócratas frente a los "fachistas" (sic), de los propósitos nobles contra los intereses oscuros.
Del disfraz, en fin, de las invocaciones ideológicas que suplen el evidente fracaso en hacer una digna administración de la megaurbe que es la imagen de Colombia ante todos los que llegan al país.
EL PROGRAMA ELECTORAL DE PETRO SIGUE VIGENTE Y HAY QUE EJECUTARLO
Por CARLOS VICENTE DE ROUX
Concejal de Bogotá por el Movimiento Progresistas de Gustavo Petro
Por supuesto que tres meses de incertidumbre y de zozobra no es nada bueno para ninguna ciudad. Pero también estaba de por medio el derecho del alcalde Gustavo Petro a defenderse de medidas que violan el ordenamiento jurídico, tanto el nacional como el internacional. Ahora lo que hay que mirar es hacia adelante.
En un primer momento Petro quiso concentrarse en un proyecto nacional constituyente, pero muchos le dijimos que el programa electoral que los bogotanos apoyaron mayoritariamente sigue vigente, no se puede abandonar. Él lo aceptó y por eso vamos a presentar candidato a las elecciones, además de la terna.
Obviamente hay que ajustar programas, concentrar esfuerzos y buscar acuerdos políticos para este año y medio. Innegablemente la atención del alcalde estuvo concentrada en su defensa, pero la administración de esta ciudad tiene una inercia que no se interrumpió, los principales programas siguieron en marcha.
Seguimos pensando que el único tribunal que podría haber definido la permanencia del alcalde en su cargo era el de la ciudadanía. Petro siempre tuvo un respaldo fuerte de la tercera parte de los bogotanos, y luego de su destitución (por problemas gerenciales, insisto) ese apoyo creció igual que el rechazo a la sanción.
