Uno de los cuatrienios más cuestionados de la historia del Congreso terminó hace un mes, en especial por los procesos penales contra algunos legisladores, y varios de los que empezarán la nueva legislatura el próximo martes siguen con esta carga a sus espaldas.
Si bien la tarea legislativa se cumplió, los procesos abiertos por la Corte Suprema de Justicia afectaron o afectan a uno de cada tres miembros de la Cámara de Representantes y del Senado.
La mayoría de esas investigaciones están relacionadas con las supuestas relaciones -algunas de ellas ya comprobadas- de los legisladores con grupos armados ilegales, en su mayoría con paramilitares.
De los 268 congresistas elegidos en 2006, 85 fueron o son investigados por sus nexos con los paramilitares. A la fecha quedan 74 con procesos activos y pendientes. Hay siete casos en etapa de instrucción, 19 procesos en estado de juicio y se han proferido 15 condenas.
Todo comenzó 2002 cuando Salvatore Mancuso, uno de los principales jefes de los grupos paramilitares, alardeó de haber sido el artífice de la elección de un 35 por ciento del Congreso. En 2006 la Fiscalía encontró el computador del jefe del bloque Norte, Rodrigo Tovar Pupo (alias "Jorge 40") con información sobre sus nexos con dirigentes políticos. Según el politólogo León Valencia, el computador salpicó a 107 parlamentarios y 500 políticos regionales.
A esto se suman las investigaciones por prevaricato a 86 representantes por el trámite del referendo reeleccionista.
Cuestionamientos
No quiere decir, que otras legislaturas estuvieran exentas de escándalos, como fueron las alianzas partidistas con el narcotráfico, el caso del proceso 8.000 o la corrupción de algunos dirigentes políticos en sus relaciones con el sector privado.
Pero el analista Juan Manuel Charry considera que este Congreso "estuvo afectado en su imagen de legitimidad, que le quitó credibilidad frente a la ciudadanía".
Y aunque cambie la cara del Congreso, las investigaciones siguen sobre algunos que volverán al Congreso a partir del martes. Armando Benedetti, del Partido de la U y quien sería el primer presidente del nuevo Senado; y Dilian Francisca Toro, quien obtuvo la votación más alta por ese partido, son dos de ellos.
Por Cambio Radical está el electo senador Antonio Guerra de la Espriella, y por la "farcpolítica" no hay procesos en la Corte Suprema, pero sí en la Procuraduría. Es el caso de la senadora liberal Piedad Córdoba, y de Gloria Inés Ramírez, del Polo Democrático.
Los partidos políticos
De los procesos se salvaron Mira, el Partido Verde y la Alianza Social Indígena.
De los 20 senadores que tenía el Partido de La U, seis renunciaron o fueron suspendidos por presuntos nexos con paramilitares. En el Partido Conservador, que obtuvo 18 curules, cinco fueron los implicados. De los 18 del Partido Liberal, tres fueron destituidos; en Cambio Radical, de 15 elegidos, nueve están presos.
De Alas Equipo Colombia, de los cinco senadores, tres están implicados, dos están presos y uno es investigado.
Colombia Democrática (desaparecido), que obtuvo tres senadores, hasta los reemplazos en la lista terminaron acusados y cinco están presos. El Movimiento Colombia Viva obtuvo dos curules y ambos renunciaron tras las acusaciones. De los cuatro que los reemplazaron, tres fueron acusados. De este movimiento, dos están presos.
De los siete senadores de Convergencia Ciudadana, tres están presos, cuatro tienen investigación preliminar y uno de los reemplazos se trasladó a Cambio Radical. El partido desapareció.
Lo legislativo
En cuanto a la actividad legislativa, se cumplió la tarea, pero algunos analistas consideran que no fue brillante.
Para el politólogo Rafael Nieto, este Congreso no dejó un proyecto memorable. "No se aprobaron leyes trascendentales y solo queda marcado con el tema de la parapolítica".
En el mismo sentido, el constitucionalista Charry, destaca que si bien cuantitativamente el balance es positivo, con más de 300 leyes, en lo cualitativo está en deuda.
"Digamos que cumplió la tarea cuantitativa, pero cualitativamente estas leyes no fueron significativas", anotó.
El control político también fue pobre, pues pese a que hubo muchos debates "ninguno prosperó", admite Charry.
En cuanto a reformas constitucionales, asegura que pocas son las significativas, la reforma política, la de salud, la ley estatutaria que reforma la justicia, pero que no la mejora. "¿Pero dónde está el impacto real de esas leyes?", se pregunta.
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