El Concejo de Medellín ha designado a nueve ediles para definir el futuro del desarrollo territorial de nuestra ciudad, este proyecto de acuerdo influirá en los municipios conurbados del Valle del Aburrá que integran el área metropolitana, incluido Envigado, teniendo en cuenta los del Oriente y el Occidente cercanos.
Es importante que los ediles tengan en cuenta que los problemas de Medellín están asociados al acelerado desarrollo de las tres últimas décadas y a la falta de un equilibrio entre la inversión social y el desarrollo urbano, porque no se asumieron los riesgos políticos en el control y manejo de los asentamientos en zonas de riesgo ni tuvieron unos sistemas de educación, salud y seguridad adecuados; en los últimos 15 años se establecieron programas para mejorar la inclusión social, pero ya en la comunidad se había arraigado la violencia por los vínculos con el narcotráfico y la delincuencia organizada, que generaron pandillas con un alto poder financiero y control del territorio, permeando también algunas instituciones del gobierno municipal; solo con una justicia efectiva, educación de calidad y oportunidades los podrán solucionar.
Una desindustrialización continuada desde los años 70 por la falta de políticas claras de fomento y protección a las empresas mediante alianzas público-privadas, tal como ahora se empiezan a desarrollar, han sido consecuencia del alto desempleo; esta falta de visión afectó la actividad textil y confección, la del cuero, la metalmecánica, el plástico y la editorial, que entraron en franco deterioro trayendo como consecuencia la violencia que hemos vivido durante los últimos 25 años. Así mismo si no se tiene claro el concepto de una sana mezcla de usos del suelo, existe el riesgo al impulsar un desarrollo de ciudad con un cambio en la ocupación del territorio hacia la vivienda y las actividades de servicios, que pueden presionar el desplazamiento o cierre de más empresas fabriles agravando la situación.
La vocación que se le ha dado a la ciudad como centro de servicios, eventos, comercial y de negocios, es la correcta, pero está ampliando la brecha social por la exclusión de un gran número de personas que no tienen la instrucción para acceder a los nuevos puestos de trabajo, solo la actividad constructora puede acogerlos; la administración municipal no está en la capacidad de prepararlos con la calidad y velocidad que se necesita, porque muchas de esas personas vienen del campo y requieren de una mejor estructura en la educación desde la base.
La solución al problema de la movilidad es el gran reto, excluir el vehículo particular y las motos dentro de los planes de la ciudad es una miopía, porque son parte del desarrollo; su uso se debe regular para que el transporte público sea su complemento, no su alternativa; establecer programas que los integren y desarrollar un plan de inversiones de los proyectos viales que de tiempo atrás están definidos son parte de la solución en coordinación con el transporte masivo.
La actividad inmobiliaria es dinámica y se mueve por las fuerzas del mercado atenido a las normas, no por decreto, una sana mezcla de usos del suelo entre la actividad mercantil y residencial, mediante controles efectivos al deterioro de las zonas, permitirá mayores oportunidades para los vecinos y promoverá un desarrollo más equilibrado facilitando las actividades cerca a los sitios de habitación.
La oficina de Planeación ha preparado el documento del POT, el sector privado ha presentado el suyo por medio del Comité Intergremial y diferentes organizaciones han hecho su aporte. Ni la Alcaldía ni el Concejo pueden desconocerlos como un medio para lograr un buen acuerdo; los nueve ediles que ha designado la Duma para conformar la comisión de estudio, serán los mosqueteros que requiere la comunidad, para que con su buen juicio procuren un acuerdo que nos beneficie a todos.
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