Contratistas comenzaron a hablar
A comienzos de 2008, un puñado de contratistas comenzó a mostrar inconformismo por presuntas manipulaciones en la evaluación de las propuestas para obras en Antioquia, cuando la Secretaría de Infraestructura adjudicó cinco contratos por 79.153 millones de pesos con adiciones. La controversia la desató la disputa de 600 puntos (de 1.000) que se quedarían en manos de quien ofreciera un valor, en pesos, igual al 95 por ciento del presupuesto oficial. Solo cinco firmas (agrupadas en dos consorcios) lo lograron, algo que para los expertos no era “matemáticamente posible. Esa fue una artimaña”, le dijo un empresario a EL COLOMBIANO.
Las sospechas crecían
Las dudas de los empresarios inconformes comenzaron a crecer al ver que “por pura casualidad” los cinco ganadores de dicha licitación, más otras empresas que iban entrando, siguieron acertando, incluso cuando dentro de la valoración de las licitaciones, se introdujo el controvertido tema de los ítems representativos.
El presunto carrusel
Un empresario local de la construcción le reveló a EL COLOMBIANO, el 27 de marzo de 2011, que había un “cartel de la contratación en Antioquia”. Según él, la forma como operaba era a través de una “corrupción técnica en el manejo de las licitaciones”. El hombre indicó que en alguna ocasión le pidieron a un contratista una “mordida” de 1.500 millones de pesos.
Las respuestas de Infraestructura
Ante tales cuestionamientos, la secretaria de Infraestructura de aquel entonces, María Cristina Mesa, aseguró que el gobierno seccional no tenía problema en cambiar las fórmulas de adjudicación, para evitar posibles manipulaciones y defendió los tres sistemas que se utilizaban para valorar el precio. Según ella, los precios se apoyaban en la Tasa Representativa del Mercado (TRM).
Los supuestos sobreprecios
Denuncias que comenzaron a llegar a EL COLOMBIANO, también daban cuenta de supuestos sobreprecios en obras del Departamento, que en promedio se estimaban en un 30 por ciento. El caso que se trajo a colación fue la carretera La Piñuela-San Francisco. Empresarios anotaban que en 2009 el kilómetro de vía se pagó a más de 2.238 millones de pesos, o sea 370 por ciento más de lo que, en esa misma carretera, costaba un kilómetro a finales de 2006.
La alianza “Humo”
Las denuncias no cesaron. Empresarios llegaron a afirmar que en la contratación del departamento se configuró lo que se llamó la Alianza “Humo”. Decía la fuente que de los presuntos exagerados incrementos que se pagaban por las obras, salía una supuesta comisión del 11 por ciento. “El porcentaje más alto se va para ‘el jefe del grupo’”. Así lo documentó EL COLOMBIANO el pasado 17 de abril de 2011.
Fundación para el Buen Gobierno, en la mira
Además de lo que ocurría en la contratación en Infraestructura, el año pasado, la Auditoría General de la República halló que la Fundación para el Buen Gobierno, contratista de la Gobernación, tercerizaba los servicios que prestaba. Lo paradójico fue que dicho hallazgo se dio al revisar contratos que suscribió la Contraloría de Antioquia con dicha Fundación (año 2009) por 1.276 millones de pesos. La relación entre Buen Gobierno y el contralor, Jorge Enrique Rojas Otálvaro, iba más allá. En un acta del Idea, firmada por Luis Alfredo Ramos Botero, en su calidad de Presidente y por Marta Nubia Velásquez Rico, en las veces de secretaria, se lee que fue por solicitud del Contralor que se constituyó dicha fundación.
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