Más de 400 miembros de los Awá (que viven en Putumayo y Nariño) y de los Emberá y Senú (de Antioquia), tres de los 36 pueblos indígenas declarados por la Corte Constitucional en grave riesgo de extinción física y cultural, fueron asesinados o murieron por circunstancias relacionadas con el conflicto armado en 300 hechos violentos durante los últimos 11 años.
La grave situación de esas comunidades aborígenes fue dada a conocer con el informe 'Muertes violentas contra pueblos indígenas en el conflicto armado interno y acceso a la justicia', que estudió esos casos en particular, elaborado por el Programa Presidencial Indígena y socializado en una audiencia pública en Bogotá.
Uno de los aspectos del informe y que llamó la atención de los participantes en la audiencia instalada por director del Programa Presidencial Indígena, Gabriel Muyuy Jacanamejoy, y la Directora Nacional de Fiscalías, Elka Venegas Ahumada, es que la información registrada hace presumir la responsabilidad de las Farc en el mayor número de hechos violentos.
Para el caso del pueblo Awá en la zona fronteriza colombo-ecuatoriana, entre enero de 2002 y julio de este año, 227 hechos violentos desencadenaron la muerte de 344 indígenas por el conflicto armado interno. De estas víctimas, 42 muertes se produjeron a causa de eventos fatales provocados por minas antipersonal y municiones abandonas sin explotar, 56 por Masacres y 246 homicidios.
El informe señala que su territorio "está presionado" por la presencia del Frente 19 de las Farc y sus columnas móviles 'Mariscal Sucre' y 'Daniel Aldana', el Frente 'Comuneros' del Eln y su columna 'Mártires de Barbacoas', y las bandas criminales emergentes denominadas 'Organización Nueva Generación' y 'los Rastrojos'.
"En medio de la disputa por el dominio y control territorial se vienen presentando graves y sistemáticas violaciones a los derechos humanos individuales y colectivos de los Awá e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, tales como homicidios o muertes violentas en medio del conflicto armado interno, especialmente, dirigidos a las autoridades y líderes indígenas Awá", dice el informe.
El caso de Antioquia
En cuanto a los pueblos Emberá y Senú en Antioquia, entre enero de 2002 y julio de 2013 se registra información de 72 hechos violentos entre homicidios, masacres y eventos fatales de minas antipersonal y municiones abandonadas sin explotar que dejaron 83 víctimas.
No obstante, la Organización Indígena de Antioquia (OIA) advierte de un posible subregistro, debido a múltiples factores, entre los que sobresalen el temor a posibles retaliaciones de los actores armados por la denuncia de los hechos, las distancias entre los territorios indígenas y los centros poblados, las dificultades de movilidad y algunas dificultades de relacionamiento de comunidades con la institucionalidad competente.
El estudio indica que la mayoría de la parte boscosa del territorio de esas dos comunidades está inmerso en solicitudes de concesión minera, megaproyectos como carreteras, canalización de ríos e hidroeléctricas.
Por ejemplo, recuerda que el municipio de Frontino fue declarado distrito minero por el Ministerio de Minas y Energía, "zona que traslapa con la reserva forestal y 22 resguardos indígenas de los Emberá" (con un área de 282 mil hectáreas). También establece que en el territorio indígena Emberá se identifica la presencia de industrias extractivas o monocultivos de banano y plátano en Urabá, madera en el Atrato, café en el Sureste y oro en el Bajo Cauca.
"Estas circunstancias, las especiales condiciones de ubicación geográfica, sumados a los recursos naturales del territorio, y a la casi nula presencia estatal, generaron contextos propicios para la presencia de grupos armados ilegales", reseña el documento e indica que eso grupos son las Farc, el Epl, Eln y un grupo que se autodenomina M-19, que progresivamente, a partir de los años 60, fueron afectado a este pueblo indígena al generar acciones violentas por la disputa territorial.
"Dichos actores destinaron parte de este territorio como corredores de movilidad y control de los recursos provenientes de sus actividades de narcotráfico, minería y armas", explica e informe.
"Posteriormente -agrega el documento-, a mediados del año 2000, con la entrada de las Autodefensas Unidas de Colombia (Auc) en este escenario bélico, la confrontación se incrementó, y por ende, las consecuentes afectaciones a los indígenas", y precisa que después de la desmovilización de las Auc, estas se reorganizaron en las bandas criminales 'Águilas Negras', 'Banda Nueva Generación' y 'Autodefensas Unidas de Antioquia'.
En cuanto al territorio indígena Senú, el informe identifica la existencia de cultivos ilícitos, especialmente en los municipios de Caucasia y Zaragoza, hecho que atribuye a que la región cuenta con corredores estratégicos entre las zonas costeras y los lugares de siembra, a través de los cuales, además, se transportan armas y drogas (salida del Bajo Cauca antioqueño al mar Caribe y el Golfo de Urabá).
"Los grupos armados ilegales hacen presencia en disputa territorial por el control de los excedentes económicos del narcotráfico", sostiene el estudio, e identifica a los frentes 18, 36 y 58 de las Farc en Caucasia, y a los frentes 4 y 5 de esa misma organización en Arboletes, Necoclí, San Pedro de Urabá y Zaragoza. El Eln delinque con el frente 'José Antonio Galán' en Caucasia y Zaragoza, y las bandas criminales 'Águilas Negras de Urabá' lo hacen en Chigorodó.
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