En cuestión de tres semanas, la auditora general de la República, Laura Emilse Marulanda Tobón, revelará los resultados de una investigación que su despacho adelanta contra la excontralora Sandra Morelli por haber pagado con recursos públicos a dos empleados de confianza a los que remuneró con salarios superiores a los normales y sin que cumplieran los perfiles para el cargo: una secretaria y un conductor.
Según fuentes de la Auditoría, consultadas por El Colombiano, mientras una secretaria normal de la Contraloría podía devengar del orden de 2 millones 500.000 pesos mensuales, una persona de confianza que la señora Morelli llevó para ese cargo fue remunerada con 6 millones de pesos mensuales. Además del pago, que se investiga por elevado, las indagaciones de la Auditoría apuntan a que la secretaria no tenía ni siquiera estudios de bachillerato.
En el caso del conductor, la Auditoría ha establecido que con cargo al erario público la excontralora Morelli pagaba los servicios de quien le manejaba una camioneta blindada particular, y que ella misma había adqurido para la seguridad de su hijo. Ese vehículo, que formaba parte del patrimonio personal de la hoy excontralora, era tanqueado con cargo al presupuesto de la Contraloría.
La Auditoría destaca que si el tema era de seguridad, la Contralora podía haber usado para el efecto uno de los cuatro vehículos blindados que tenía a su disposición.
Estos presuntos detrimentos fiscales se suman a las investigaciones que la Auditoría ha realizado sobre la gestión de la excontralora Morelli, dentro de las cuales la más onerosa es el traslado de la sede de la Contraloría a un edificio alquilado, pues habría ocasionado un daño a las finanzas públicas tasado en más de 76.000 millones de pesos.
No obstante, la excontralora Morelli -que salió del país antes de que la Fiscalía le imputara cargos por ese caso- argumentó en su defensa que otras entidades públicas también han tomado edificios en arriendo y han incurrido en costos superiores a los de la Contraloría.
En comunicado de prensa, la señora Morelli afirmó en su momento que el contrato que se le critica es parecido a uno de la Fiscalía General de la Nación que paga arrendamiento en una de las sedes que tiene en el Capital Towers, “a un precio por metro cuadrado similar al de la Contraloría” y que, además, “ha sido objeto de prórrogas mientras hace acondicionamientos y mejoras”.
La excontralora dijo, de manera puntual, que para mejorar las condiciones de trabajo de sus empleados, la entidad paga en el edificio en arriendo 85.146 pesos por 12 metros cuadrados y zonas comunes por empleado, mientras que, por ejemplo, Coljuegos cancela 124.836 pesos por solo 10 metros cuadrados. Así mismo, la Fiscalía paga en Capital Towers 86.498 pesos por 6 metros cuadrados.
Es de anotar que dentro de tres semanas también la Auditoría dará a conocer los resultados de la investigación que realizó sobre la Unidad Anticorrupción de la Contraloría, cuyos resultados, según la fuente consultada, no se compadece con el costo de su funcionamiento.
En tela de juicio también están los gastos presuntamente suntuosos en que habría incurrido el ente de control fiscal con motivo de la celebración de sus 90 años de vida. La factura, de 720 millones de pesos, incluye la impresión de un libro, Cds y el concierto de un tenor.
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