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Mesa de Derechos Humanos del Aburrá alerta por amenazas de atentado

17 de marzo de 2014
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Directivos de la Mesa de Derechos Humanos del Valle de Aburrá indicaron este lunes  que persisten las amenazas contra los líderes y que combos delincuenciales planean un atentado por las denuncias recientes que terminaron con capturas de sus miembros por parte de las autoridades.

La preocupación es mayor porque según advierten, a varios activistas que han sido amenazados les han retirado o debilitado los esquemas de seguridad, a cargo de la Unidad de Protección del Gobierno Nacional.

Carlos Arcila, vocero de la Mesa, manifestó que en las últimas semanas se agudizaron las intimidaciones tras las denuncias de desplazamientos forzados, desapariciones, asesinatos y extorsiones y gente de la comunidad nos indicó que se viene fraguando un atentado en represalia por estas denuncias".

Uno de los casos que más preocupan es el de una familia residente en Bello, que desde el asesinato de Duar Antonio García Castro en el municipio de Giraldo el año pasado, es víctima de extorsiones y amenazas de muerte para presionar el pago de dineros por parte del combo " los Camacoleros".
 
Cansados de las intimidaciones y el pago de varios millones de pesos en vacunas, la familia denunció al Gaula de la Policía, que realizó un operativo en el que capturó a seis mienmbros del combo. Pero a raíz de esas detención llegaron más amenazas de muerte.
 
Por esa razón la Mesa de Derechos Humanos solicitó a  medidas cautelares a la Comisión Interamericana  de Derechos Humanos para que intervenga ante el Gobierno Nacional y se proteja a los miembros de la familia.
 
Otro caso que ha generado amenazas fue el asesinato de un menor de edad el pasado 22 de enero. "Rechazamos este homicidio y de igual forma nos informan que el combo 'los Tatos' están molestos porque nos dolía dicha muerte y que si tocaba a mí también me daban".

Arcila agregó que solicitaron la mediación del Personero de Medellín para solicitarle a las autoridades y la Unidad Nacional de Protección garantías de seguridad para ejercer la defensa de los derechos humanos en Medellín y demás municipios del Valle de Aburrá.

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