Si un taxista se niega a hacerse una prueba de embriaguez o es sorprendido manejando con tercer grado de embriaguez por tercera oportunidad, deberá trabajar por 20 meses, sin destinar su salario para nada más, todo con el fin de poder pagar lo que vale la multa: 29 millones de pesos.
Esto tras la firma el pasado 19 de diciembre de la Ley 1696 de 2013, en la que se incrementó el valor de las multas a los conductores borrachos y que, ni un taxista que se gana 1.500.000 pesos, ni la gran mayoría de conductores podrán pagar.
Al menos eso muestran las estadísticas de las principales sedes de tránsito del Valle de Aburrá (Medellín, Envigado, Bello e Itagüí), que desde que entró en vigencia esta ley han impuesto 133 comparendos por este monto y a la fecha nadie ha podido pagarlos.
“Hasta el momento tenemos muchos procesos para ratificar las sanciones, pero a la fecha se está surtiendo el debido proceso para comenzar a aplicar las sanciones correspondientes”, indicó Adriana Muñoz, secretaria de Tránsito de Envigado, municipio que a la fecha ha impuesto 11 sanciones de este tipo, de las cuales tan solo una ya fue ratificada en una audiencia, mientras que las restantes se encuentran en proceso.
En total, son 36 personas que deben pagar la multa máxima por embriaguez en el Valle de Aburrá, tras la ratificación por parte de un inspector de tránsito.
¿Por qué no pagan?
La principal razón por la cual no se han pagado las multas, según el secretario de Tránsito de Bello, Édgar Callejas, es porque “la ley está muy nueva y muchos todavía están tratando de recurrir a procesos judiciales para tratar de reversar la normativa”.
Sin embargo, a la fecha se han firmado dos acuerdos de pago por parte de los conductores a quienes se les ratificó la sanción millonaria, puesto que son muchos los perjuicios que puede tener un conductor en caso de no pagarla.
“Si la persona deja pasar el tiempo, ya se puede recurrir al cobro coactivo y esto puede conllevar, incluso al proceso de embargo. No como antes, que la gente dejaba prescribir los comparendos a los tres años para no pagarlos”, añadió Ómar Hoyos, secretario de Movilidad de Medellín.
En la actualidad se espera el resultado de 97 multas que se impusieron en estas cuatro localidades para definir si deben ser canceladas o no.
Tan solo en Medellín se han reversado seis multas, todas ellas “porque el inspector encontró alguna situación que no correspondía y por eso estas personas fueron exoneradas”, indicó el secretario de Movilidad de Medellín.
Pero la situación con las multas de menor valor, no difiere mucho de lo ocurrido con las de 29 millones de pesos.
Uno de los casos se registra en Itagüí, donde su secretario, Francisco González, explicó que “en estos momentos están en la parte ejecutiva, que corresponde a las audiencias para determinar si se ratifican, las sanciones de $14 millones, las de $8 millones”.
Sin embargo, todas las autoridades de movilidad aseguraron que van a continuar con los operativos, porque “esto también ha ayudado a rebajar la cantidad de conductores y de accidentes con borrachos hasta en un 40 por ciento”, concluyó el secretario Hoyos.
